Experto en la temática aboga por mayor presupuesto y mejoras en políticas sociales
La progresiva longevidad de la población dominicana plantea significativos retos para el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y las políticas sociales del Estado. Arismendi Díaz Santana, experto en seguridad social, subraya la necesidad de un mayor presupuesto para implementar eficazmente los programas de la Ley 352-98, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y la dignidad de los adultos mayores en el país.
Díaz Santana explica que el X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, realizado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), reveló que la población dominicana alcanzó los 10,771,504 habitantes en 2022, con un crecimiento neto anual de más de 100,000 personas en los últimos 12 años.
En también presidente de la Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSP) refirió que dicho censo también destacó una rápida transformación demográfica, con una reducción relativa de la población menor de 15 años (25% del total) y un incremento de los mayores de 65 años (9% de la población), lo que subraya el envejecimiento de la sociedad.
Díaz Santana advierte que este cambio demográfico tiene profundas implicaciones para el Seguro Familiar de Salud (SFS), ya que la población envejeciente requiere más servicios médicos, muchos de ellos complejos y costosos.
Además, indicó que el aumento de la esperanza de vida incrementa considerablemente el costo de las pensiones, exacerbando el déficit y el desequilibrio financiero del sistema de pensiones debido a la mayor longevidad.
Sostuvo que a pesar del crecimiento económico sostenido de la República Dominicana, las políticas sociales no han avanzado al mismo ritmo. El gasto público en salud y en programas sociales para la tercera edad es bajo en comparación con otros países de América Latina.
Indicó que el aumento de la esperanza de vida incrementa considerablemente el costo de las pensiones, exacerbando el déficit y el desequilibrio financiero del sistema de pensiones debido a la mayor longevidad.
En contraste, naciones como Panamá han implementado desde hace décadas programas que benefician a los adultos mayores con descuentos en servicios públicos y privados.
Expuso que en la República Dominicana, la Ley 352-98, promulgada hace 26 años, se ha aplicado de manera limitada. El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), dirigido por el Dr. José García Ramírez, opera con un presupuesto restringido, lo que dificulta la prestación de servicios adecuados.
Sin embargo, dijo que esas iniciativas recientes como el convenio entre CONAPE y SUPÉRATE para servicios domiciliarios de cuidados a adultos mayores, y la estrategia piloto de comunidades con cuidados especiales, son pasos positivos.
En el caso de SUPÉRATE informó que esta ha destinado 149,056,635 pesos al CONAPE para contratar estos servicios con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Díaz Santana asegura que la Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSP) apoya estas iniciativas, pero destaca que se necesita un mayor presupuesto para ejecutar plenamente los programas de la Ley 352-98. Considera que solo así se podrá garantizar una mejor calidad de vida y mayor dignidad para los envejecientes dominicanos.
