La Alianza por la Democracia (APD) manifestó su profunda inquietud respecto a la reciente aprobación del Código Penal por parte del Senado
Santo Domingo, D.N. – La Alianza por la Democracia expresó su honda preocupación por la versión del Código Penal aprobada por el Senado de la República y llamó a su modificación por la Cámara de Diputados.
La Alianza por la Democracia (APD) manifestó su profunda inquietud respecto a la reciente aprobación del Código Penal por parte del Senado de la República Dominicana. La organización política instó a la Cámara de Diputados a revisar y modificar la pieza legislativa, señalando que varios de sus conceptos y disposiciones chocan con el ordenamiento constitucional vigente, así como con acuerdos internacionales ratificados por el país, que forman parte del bloque constitucional.
Según la APD, el nuevo Código Penal atenta contra los avances en materia de ampliación de derechos logrados a lo largo de décadas de luchas democráticas en la sociedad dominicana. Advirtieron que, de convertirse en ley, algunas de las disposiciones contenidas en el texto aprobado podrían ser objeto de impugnaciones ante el Tribunal Constitucional.
“Independientemente de la posibilidad de objeciones constitucionales, las nuevas reglas que se pretende introducir representarían un grave retroceso con relación a las normas existentes, en detrimento de los avances y garantías alcanzados por la República Dominicana en materia de derechos humanos”, declaró la APD en un comunicado.
La organización subrayó que la intención de introducir medidas que limitan derechos refleja las grandes contradicciones que caracterizan al país en el presente. “Crecemos económicamente y nos pretendemos cada vez más modernos y, sin embargo, aceptaríamos como válidas formas de pensamiento y prácticas sociales que ya han sido superadas en la mayor parte de los países del mundo”, agregó la APD.
Para fundamentar sus críticas, la APD señaló específicamente varios artículos del Código Penal propuesto que representan un significativo retroceso en comparación con la Ley 136-03, que establece el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes. También destacaron la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar y Contra la Mujer, así como los acuerdos internacionales ratificados acerca de los derechos de las mujeres, en particular la Convención de Belem do Pará y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas.
Uno de los puntos más controvertidos, según la APD, es el párrafo III del artículo 123, que podría conducir a la impunidad en casos de castigo corporal de los padres a sus hijos, al determinar que la violencia no es delito si no es sistemática. Esto se contrapone al compromiso asumido por el país de poner fin a todas las formas de violencia contra la niñez.
Además, la APD criticó el artículo 134, que limita la definición de violación al hecho de la penetración, favoreciendo la impunidad y excluyendo múltiples formas de violación de los mecanismos de sanción. En este sentido, la organización denunció que el texto establece un trato de favor para los violadores.
En cuanto a la discriminación, la APD señaló que los artículos 185 y 187 del proyecto eliminan la discriminación por orientación sexual y dificultan la persecución de la discriminación como parte de la acción pública. Esto, dijeron, es contrario a lo planteado en la Constitución dominicana, que rechaza toda forma de discriminación por cualquier causa.
La APD concluyó que estos cambios legislativos regresivos son el reflejo del avance de posiciones políticas e ideológicas extremistas en el país y en otras partes del mundo, contrarias a los derechos, la dignidad humana y la igualdad social. La organización reafirmó su compromiso con un régimen de libertades públicas y derechos democráticos, y destacó que su línea política central en el momento actual es la profundización del cambio.
