La organización cívica denuncia que la nueva legislación limita el enjuiciamiento de la corrupción y retrocede en la protección de derechos fundamentales, instando al presidente Abinader a intervenir.
Santo Domingo.- El movimiento cívico Participación Ciudadana ha responsabilizado al liderazgo del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la reciente aprobación del nuevo Código Penal, acusando a la formación política de promover una legislación que protege la corrupción y vulnera los derechos fundamentales de mujeres, niños y minorías. Según la organización, el nuevo código establece límites al enjuiciamiento de la corrupción y representa un retroceso significativo en los derechos humanos, bajo el pretexto de modernizar el sistema legal.
Participación Ciudadana ha criticado duramente al PRM por no asumir su responsabilidad en esta controversial legislación. "La dirección del partido de Gobierno no puede escudarse en el carácter corporativo del Congreso para disminuir su responsabilidad en una legislación que, de aprobarse, llevaría al país a normas comparables con las de estados teocráticos, que hoy en día son considerados parias internacionales", declaró la organización. En este sentido, han hecho un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, a cumplir con su palabra y ejercer su liderazgo para frenar esta medida.
El proyecto de Código Penal, aprobado en el Senado y ahora en primera lectura en la Cámara de Diputados, establece una prescripción de 20 años para los delitos de corrupción, lo cual, según Participación Ciudadana, viola la norma constitucional y la jurisprudencia prevaleciente. "La corrupción se ha convertido en un problema mayor en nuestro país, llevándose importantes recursos públicos que impiden atender adecuadamente la salud del pueblo dominicano. Debería ser tratada como un crimen de lesa humanidad y hacerse imprescriptible, lo cual es permitido por el artículo 146 de la Constitución", señala el documento del Consejo Nacional de la organización.
El Consejo Nacional de Participación Ciudadana enfatizó que el nuevo proyecto de Código Penal contiene disposiciones excluyentes, discriminatorias y obsoletas que no representan un estado social, democrático y de derecho. "Es absurdo argumentar la necesidad de modernizar la norma penal mientras se penaliza el aborto sin tomar en cuenta las tres excepciones ampliamente aceptadas a nivel mundial: cuando la vida de la madre está en peligro, cuando el embarazo es resultado de violación o incesto, o cuando el embrión tiene malformaciones incompatibles con la vida", añadió el Consejo.
- La organización sostiene que el Estado tiene la obligación de proteger la dignidad, integridad, libertad y seguridad personal de la mujer, así como su libre desarrollo de la personalidad. Además, subraya que el Congreso Nacional debe sentar las bases para alcanzar estos fines, especialmente para proteger la salud y la vida de las mujeres más desfavorecidas, que son las más afectadas por esta legislación.
Hace tres años, un proyecto de Código Penal aprobado en la Cámara de Diputados ya había ignorado los derechos de las mujeres reconocidos en más de 190 países. Ahora, el proyecto aprobado en el Senado también vulnera los derechos de niños, niñas y adolescentes, lo que ha llevado a decenas de organizaciones nacionales e internacionales a alzar la voz contra este retroceso institucional.
Otro aspecto controversial del nuevo Código Penal es la eliminación de la penalización de la discriminación por género u orientación sexual. Participación Ciudadana recuerda que el artículo 39 de la Constitución trata sobre el Derecho a la Igualdad y prohíbe cualquier forma de discriminación. "La República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de los dominicanos, entre quienes no deben existir diferencias más allá de sus talentos o virtudes", advirtió el movimiento cívico.
La aprobación del nuevo Código Penal ha generado un amplio rechazo por parte de diversos sectores de la sociedad civil, que exigen al presidente Abinader y al Congreso Nacional reconsiderar esta medida y garantizar la protección de los derechos fundamentales en la República Dominicana.
