Santo Domingo, República Dominicana – El Foro Feminista Magaly Pineda ha denunciado que el proyecto de Código Penal, a punto de ser aprobado por la Cámara de Diputados, presenta serias deficiencias, promueve la impunidad y desprotege los derechos fundamentales de la ciudadanía. Según la organización, esto representa una traición a las mujeres y a toda la población que votó confiando en la promesa de proteger los derechos de todos, incluyendo la aprobación de las tres causales del aborto.
El Foro explicó que el proyecto, actualmente en discusión en la Cámara de Diputados, fue aprobado en el Senado sin lectura, análisis ni discusión, y contiene varios artículos controversiales que contradicen el derecho penal moderno y perpetúan una legislación obsoleta y arcaica.
Uno de los puntos más críticos es el artículo 14, que excluye a los miembros de instituciones religiosas de toda responsabilidad penal, lo que significa impunidad para delitos cometidos por sacerdotes, pastores u otros miembros de la iglesia.
Esto ha generado rechazo popular, especialmente en un país con un historial de encubrimiento de abusos cometidos por figuras religiosas, como los casos de los sacerdotes Alberto Gil y Jozef Wesolowski, y el pastor evangélico Víctor Manuel Kery, todos acusados de abusos sexuales.
Además, el proyecto desprotege a la niñez frente al castigo físico y no suspende la autoridad parental en casos de violación, incesto o agresiones sexuales contra menores, legitimando así la violencia intrafamiliar y abandonando a los menores, quienes deberían tener una protección especial según la ley y los tratados internacionales.
El artículo 185 también ha sido criticado por eliminar la orientación sexual como causa de discriminación y permitir que se eviten penas establecidas si se invoca la libertad de conciencia. Esto, según el Foro, facilita actos de discriminación sin penalidad alguna.
La prohibición total del aborto se mantendría, impidiendo a niñas y mujeres acceder a tratamientos médicos de calidad en embarazos de alto riesgo, condenándolas a una muerte segura en muchos casos. Ejemplos como el de Rosaura Almonte Hernández (Esperancita), quien murió al negársele la quimioterapia por estar embarazada, podrían volverse más comunes.
Asimismo, el artículo 130 desprotege a las mujeres víctimas de violencia de pareja, al no considerar la retención y guarda de armas de fuego propiedad del agresor, una medida que podría prevenir numerosos feminicidios.
“El congreso dominicano, en vez de avanzar en la protección de los derechos fundamentales y actualizar su legislación a los tiempos modernos, está condenando a sus ciudadanos a vivir bajo el yugo de una legislación medieval y excluyente”, concluyó el Foro Feminista Magaly Pineda.
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