El subsidio del gobierno al sector eléctrico es casi un suicidio.
Frecuentemente escucho a los dirigentes políticos, tanto del gobierno, como de la oposición, economistas, abogados, etc., hablar sobre la necesidad de producir cambios estructurales en la República Dominicana.
Todos están en lo cierto. Hay que producir “cambios estructurales”, pero de palabra. En este país los ricos no quieren pagar impuestos, los pobres los pagan de manera indirecta. La evasión fiscal, dicen los expertos, es cerca del 40%, la energía eléctrica nadie la quiere pagar. Los fraudes son enormes. Nadie quiere pagar la energía que consumen. Ni los de arriba, ni los de abajo. Las empresas distribuidoras están virtualmente quebradas.
El subsidio del gobierno al sector eléctrico es casi un suicidio. Un sector, tanto del gobierno como privado, creen que la solución es la privatización.
La informalidad es otro serio problema: solo el 43% de los trabajadores son formales, el resto, 56.8%, es informal, según el Banco Central.
La carga impositiva del país dice que es muy baja, que debe ser aumentada para reducir el déficit fiscal. Todo lo que dice el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, junto con el Banco Central del país, puede que sea cierto. ¡Y de hecho lo es, en gran medida! La reforma es inevitable, mientras más rápido, mejor, lo mismo que la reforma a la Constitución de la República.
Ahora bien, creo, ya lo he dicho, que debemos propiciar una gran reforma política, comenzando con el Estado, que es demasiado grande, para un país tan pequeño como el nuestro, de apenas 27 mil 400 kilómetros cuadrados.
Los políticos han descuartizado el territorio creando provincias, municipios y distrito municipales que solo han servido para aumentar el gasto corriente y la nómina pública. (31 provincias, un Distrito Nacional, 155 municipios y 228 distritos municipales) ¡Una barbaridad!
De igual modo 190 diputados y 32 senadores. (exoneraciones, barrilito, cofrecito, regalos para las madres, para el padre, para los niños, etc.) ¡Otra barbaridad! Un “diputado de ultramar” que no aporta nada, igual que los del “Parlacen”, 22 en total, incluyendo los expresidentes y vicepresidentes de los países miembros (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana) que reciben pensiones millonarias privilegiadas) Más de dos millones de dólares anuales paga el país por su membrecía, ¡Uf! ¡Otro escándalo!
Y ni hablar de la corrupción que durante la “Era del PLD” (20 años) el país fue literalmente llevado a la quiebra con la venta de los bienes públicos, el desfalco y la impunidad) se llevaba entre el 4 y el 5% del Producto Interno Bruto, según los organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros.
Reducir el tamaño del Estado es imperativo. No necesitamos tantos ministros, tantas provincias, tantos municipios, tantos generales, tantos directores generales, tantos asesores, tantos diputados y senadores, con privilegios irritantes. (Vehículos, exoneraciones, seguridad, choferes, flanqueadores, teléfonos, asistentes, etc., etc., etc. La racionalidad debe llegar en algún momento. ¡Nunca mejor que ahora!)
El Estado dominicano es demasiado costoso, grande y caro, con muchas instituciones, incluyendo ministerios, con duplicidad de funciones. Más de 66 mil empleados, mal contados, forman la nómina del Estado, que, insisto, es muy grande. (Más de 65 mil millones de pesos al año gasta el gobierno en sus empleados. La nómina, lejos de disminuir aumentó en más de un 20%, según las propias autoridades.
Ahora que hablamos de cambios estructurales, de reforma fiscal y constitucional, sería apropiado que los sectores políticos, económicos y sociales se sienten y discutan el país que queremos para el futuro, porque el que tenemos hoy día no funciona correctamente. Debemos saber qué haremos con el Sistema de Justicia, con el Sistema Educativo, con el Sistema de Salud, con el Sistema de Partidos Políticos y el financiamiento con recursos públicos, con la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por ejemplo.
En la República Dominicana hay que revisarlo, estudiarlo y cambiarlo todo, desde la A hasta la Z. ¡Es necesario un pacto social! Es una revolución lo que debemos hacer. (Ojalá sea sin sangre) Hasta la libertad de prensa tiene que ser estudiada, porque en vez de “libertad de prensa”, (de empresa) lo que tenemos es un libertinaje obsceno, morboso y aberrante, que atenta contra la dignidad y el buen nombre de las personas.
Me consta que el presidente Luís Abinader tiene una vocación transformadora del Estado, que le interesa hacer cambios profundos, dejar un legado para la historia, pero hay sectores políticos, económicos y sociales opuestos totalmente, que prefieren el caos al orden, la violencia y la gobernabilidad, a la paz.
Para los cambios y las transformaciones se requiere que la mayoría del pueblo se empodere, que participe de las discusiones y los debates, colocándose al lado del presidente. El Partido Revolucionario Moderno, ahora que es mayoría, tiene que ser parte fundamental de los deseos transformadores del mandatario. Solo no podrá hacer nada. Sus esfuerzos se desvanecerán como el agua entre los dedos. La voluntad política es primaria. Digo que es difícil una reforma política integral sin la participación masiva de las asociaciones de amas de casa, campesinas, sindicales, etc. Si el pueblo no acompaña al presidente Abinader, no habrá cambios verdaderos. Tal vez un poco de “gatopardismo”. (Cambiar para que todo siga igual o cambiarlo todo para que nada cambie, como en la vieja novela de Giuseppe Tomasi)