Operación Flor de Loto libera 45 mujeres víctimas de trata
SANTIAGO, República Dominicana.- El Ministerio Público presentó este sábado una solicitud de medidas de coerción contra los líderes de una presunta red criminal que reclutaba mujeres para explotarlas sexualmente. Esta acción se llevó a cabo durante la Operación Flor de Loto, que resultó en el rescate de 45 mujeres colombianas y venezolanas en múltiples allanamientos en el sector Gurabo, al norte de esta ciudad.
Después de meses de vigilancia y seguimiento, la Fiscalía de Santiago y la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, en colaboración con la Policía Nacional, desmantelaron una organización delictiva que mantenía cautivas a 45 mujeres, incluyendo 43 de nacionalidad colombiana y 2 venezolanas. Estas mujeres eran forzadas a realizar trabajos sexuales en apartamentos ubicados en los residenciales Molina VI y Tecasa Dorado II, V y VI, en Los Rieles de Gurabo.
La operación, que incluyó 15 allanamientos, permitió a las autoridades identificar una organización criminal bien estructurada supuestamente liderada por Junior David Matos Monegro y Estarly Almánzar Pérez. Estos individuos viajaban a Colombia para seleccionar y reclutar a sus víctimas, financiando sus procesos migratorios y de vivienda, creando así una deuda que las mujeres debían pagar mediante la prostitución.
Las víctimas de explotación sexual dependían completamente de los tratantes para su movilidad y seguridad. Los proxenetas controlaban los documentos de identidad de algunas de las mujeres y gestionaban los pagos realizados por los clientes a través de WhatsApp, donde también coordinaban los servicios sexuales y sus tarifas.
Durante los allanamientos, las autoridades confiscaron más de 300 pruebas, incluyendo materiales documentales y testimoniales que incriminan a los acusados. El Ministerio Público solicita prisión preventiva y la declaración de complejidad del caso. Los cargos incluyen violaciones a la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y varios artículos del Código Penal Dominicano que tipifican la asociación de malhechores y el proxenetismo.
Adicionalmente, Matos Monegro enfrenta cargos por violación al artículo 66 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones y Materiales Relacionados.
La investigación, que duró varios meses, implicó un seguimiento exhaustivo y otras labores de inteligencia para desentrañar el funcionamiento interno de la red criminal. Las víctimas, seleccionadas por su vulnerabilidad y necesidad económica, eran sometidas a jornadas laborales extenuantes y forzosas, lo que les privaba de su dignidad y violaba sus derechos humanos.
Osvaldo Bonilla Hiraldo, titular de la Fiscalía de Santiago, destacó que durante los 15 allanamientos, en los que participaron más de 100 personas, se hizo todo lo posible para proteger la integridad de las víctimas. Además, subrayó que, más allá de las actividades ilícitas, se envía un mensaje en favor de la dignidad de las mujeres y de las familias que viven en los residenciales afectados por la organización criminal.
La Ley 137-03 Sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas sanciona duramente estos delitos y sus múltiples violaciones a la dignidad humana. Los apartamentos utilizados para mantener a las víctimas eran alquilados por los imputados, quienes las vigilaban constantemente para asegurar su "inversión". Durante los operativos también se incautaron sustancias controladas y armas de fuego.
La Fiscalía de Santiago y la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, con el apoyo de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional y la entidad internacional Anti-Trafficking Bureau (ATB), lograron reunir suficientes evidencias para demostrar la lucrativa actividad criminal a la que las víctimas eran sometidas, tratándolas como mercancía.
