Solicitan incluir tres causales de aborto y definir violencia intrafamiliar
Santo Domingo.- En las vistas públicas convocadas hoy para discutir las iniciativas No. 11466-2020-2024-CD, No. 11451-2020-2024-CD y No. 11159-2020-2024-CD del proyecto de ley del Código Penal, Profamilia presentó sus recomendaciones sobre varios artículos de la pueza legislativa.
En un documento leído en el hemiciclo, la institución solicitó “valorar la necesidad de incluir tres causales como eximentes de interrupción del embarazo en los casos en que se prevea la necesidad”.
Además, Profamilia pidió que, al estudiar la iniciativa No. 11466-2020-2024-CD aprobada en el Senado, se considere la redacción de la iniciativa No. 11451-2020-2024-CD presentada por los diputados Magda Rodríguez y José Horacio Rodríguez, particularmente en el artículo 14 sobre entes exentos de responsabilidad penal, donde se incluyen a las iglesias y se les otorga la misma calificación o naturaleza que a los municipios y al Estado.
La institución también subrayó la importancia de que el Código Penal sea específico en sus definiciones sobre violencia doméstica o intrafamiliar. En este sentido, sugirieron sustituir los artículos 123 y 125, manteniendo el artículo 124 sobre aumento de la pena, por los artículos 124, 125 y sus párrafos contenidos en la propuesta No. 11451-2020-2024-CD.
Profamilia también recomendó incluir en la subsección III sobre otras agresiones sexuales el acoso cibernético o ciberacoso como una forma de acoso que debe ser especificada y penalizada, dado el creciente entorno digital.
La institución felicitó que el nuevo Código Penal fortalezca el papel de la familia en la educación de los hijos e hijas. Sin embargo, ante la posibilidad de un ejercicio de disciplina violenta hacia los niños y niñas en el ámbito privado, recordó que el Estado, a través de leyes claras, es el garante del bienestar superior del niño o niña.
Profamilia participó en las Vistas Públicas celebradas hoy en el Congreso de República Dominicana, donde también se escucharon las opiniones de otras instituciones y organizaciones de la vida nacional, interesadas en un Código Penal moderno que considere las necesidades de todos sin privilegios.