Tribunal impone medidas contra imputados de liderar una red que explotaba sexualmente a adolescentes
Santo Domingo.- El Ministerio Público de la República Dominicana ha logrado la imposición de tres meses de prisión preventiva para los cabecillas de una red de explotación sexual infantil, tras una exhaustiva investigación llevada a cabo por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes (PETT) y la Fiscalía de San Pedro de Macorís.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Pedro de Macorís ordenó esta medida contra Fernando José de Jesús Ferreira, de nacionalidad portuguesa, y Eliana Núñez Almonte, dominicana.
La jueza Darlis Altagracia Eusebio Vásquez dictaminó que De Jesús Ferreira cumpla su medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís, mientras que Núñez Almonte lo hará en el Centro de Privación de Libertad para Mujeres en Higüey. Ambos están acusados de liderar una red que explotaba sexualmente a adolescentes, cuyas identidades se mantienen en reserva para proteger su integridad.
Comienzo de la investigación
La investigación se inició el pasado 1 de julio tras una denuncia recibida por la PETT y la Fiscalía de San Pedro de Macorís. Las autoridades lograron rescatar a cuatro víctimas y arrestar a los acusados en una villa propiedad de De Jesús Ferreira. Según las pesquisas, las víctimas eran transportadas desde localidades del norte del país hasta una zona turística en el este, donde eran forzadas a prestar servicios sexuales a clientes extranjeros.
El modus operandi de la red incluía restricciones severas para las víctimas, quienes no podían salir libremente y debían pagar multas si deseaban abandonar el lugar. De Jesús Ferreira y Núñez Almonte cobraban entre 100 y 200 dólares por cada servicio sexual, además de 10,000 pesos dominicanos por pernoctar con los clientes. Las jóvenes también enfrentaban multas adicionales por diversas razones impuestas arbitrariamente por los acusados.
La acusación incluye violaciones a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores, y a los artículos de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, que sancionan la trata de personas agravada. Este caso resalta la gravedad de los crímenes cometidos y la necesidad de justicia para las víctimas de explotación sexual infantil en el país.
