Violencia y desplazamientos incrementan; tejido social en riesgo
La Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas (OCHA) ha advertido que la creciente inseguridad y violencia en Haití están desmoronando el tejido social del país, con 578,000 personas desplazadas hasta junio, un aumento del 60% en tres meses.
Abdoulaye Sawadogo, jefe de la OCHA en Haití, subrayó que "el tejido social de las familias se está desmoronando a medida que sus miembros se separan, se pierden empleos, se cierran escuelas y colapsan los servicios de salud". La violencia, que obliga a muchos a huir con poca antelación y escasas posesiones, también dificulta la entrega de ayuda humanitaria, recoge Europa Press.
En este contexto, mujeres y niños son particularmente vulnerables a la violencia, agresión sexual, explotación y abuso, con evidencias de que algunos niños son forzados a trabajar para bandas criminales.
Preparativos y protección en medio de la crisis
La ONU está colaborando con el gobierno haitiano para proporcionar documentación legal y protección social a los desplazados, ayudándoles a acceder a servicios esenciales. Sin embargo, Sawadogo destacó la necesidad de anticipar los desplazamientos y preparar respuestas rápidas en entornos peligrosos. Esto requiere recursos financieros, personal suficiente, acceso a las áreas afectadas y apoyo gubernamental.
El objetivo final es facilitar el regreso seguro de las personas desplazadas a sus hogares, aunque en muchos casos, debido a los traumas específicos de cada crisis, el retorno no es posible. En estos casos, la ONU se enfoca en ayudar a los desplazados en sus nuevos asentamientos.
Desde el asesinato del presidente Jovenel Moise en julio de 2021, Haití ha estado en una profunda crisis política. Ariel Henry asumió como primer ministro, pero renunció en marzo de 2023 tras una ola de violencia.
El último esfuerzo contra la incertidumbre institucional Haití ha sido la designación de un Consejo Presidencial de Transición, liderado por Edgard Leblanc, que ha nombrado a Garry Conille como nuevo jefe de Gobierno de transición, con el objetivo de estabilizar el país y celebrar elecciones en 2026, una década después de los últimos comicios.
