Comisión de veeduría supervisará la gestión transparente de activos
Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader sometió ante el Congreso Nacional la aprobación del traspaso de terrenos identificados por el fideicomiso público "Fondo de Desarrollo de Infraestructuras" (FDI), con el objetivo de asegurar una administración eficaz y transparente de estos activos.
La propuesta del Poder Ejecutivo incluye la creación de una comisión de veeduría, compuesta por destacadas personalidades del país, encargada de supervisar y garantizar la correcta gestión de los bienes transferidos. Esta comisión será responsable de vigilar el desarrollo del fideicomiso.
La entrega de la propuesta se realizó durante una visita al presidente del Senado, Ricardo De Los Santos, por parte del ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría, acompañado por Andrés Vander Horst, vicepresidente ejecutivo de Fiduciaria Reservas.
En noviembre pasado, el presidente Abinader aceptó la recomendación de la Comisión Revisora de Contratos relativos a la disposición de terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) para constituir un fideicomiso público. Emitió el decreto 581-23 para crear el "Fondo de Desarrollo de Infraestructuras", que incluye la posibilidad de incorporar inmuebles de otras entidades del Estado.
La comisión recomendó esta medida tras analizar exhaustivamente el estado de los terrenos del CEA, que han sido objeto de ventas irregulares, para asegurar una gestión adecuada y responsable.
El FDI es un fideicomiso público enfocado en el desarrollo inmobiliario, administración, inversión y oferta pública, con el propósito de fomentar infraestructuras en los sectores de transporte masivo, viviendas, agua y obras de alto impacto socioeconómico a nivel nacional. Está compuesto por el Estado dominicano, a través del Ministerio de la Presidencia, como fideicomitente y fideicomisario, y Fiduciaria Reservas como fiduciaria.
El fideicomiso cuenta con un Consejo Técnico, integrado por el ministro de la Presidencia, el ministro de Hacienda y el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, quienes son responsables de fijar el precio de venta de los terrenos.
El objetivo del FDI es la gestión comercial y administrativa de los terrenos identificados por el Estado para captar, gestionar, invertir, financiar y destinar los recursos obtenidos mediante la venta, alquiler y arrendamiento, con el fin de proveer financiamiento para el desarrollo de infraestructuras en los sectores mencionados.
El ministro de la Presidencia explicó que el propósito del FDI es integrar inmuebles del patrimonio del Estado que no están siendo utilizados activamente o que pueden emplearse en actividades más productivas. A través de la gestión fiduciaria, estos inmuebles serán saneados, deslindados, conservados, administrados y comercializados mediante procesos transparentes y competitivos, destinando los recursos obtenidos al desarrollo de infraestructuras públicas.
Como parte de los documentos presentados por el Poder Ejecutivo ante el Senado para su autorización, se incluyó la relación detallada de 52 inmuebles aportados al FDI por diferentes entidades del Estado. En una primera etapa, estos inmuebles incluyen 18 aportados por el CEA, 26 por Bienes Nacionales, 2 por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y 6 por el Instituto Agrario Dominicano (IAD).
Los inmuebles están distribuidos en más de 30 municipios del país, y en 19 provincias. Actualmente, se ha analizado la viabilidad de estos 52 inmuebles, mientras continúan los estudios de prefactibilidad para la integración de nuevos inmuebles.
El decreto destaca que es de interés público y social buscar el crecimiento económico, la generación de empleo y la mejora de las condiciones de vida de la población dominicana. Además, resalta el potencial de desarrollo sostenible del país, atendiendo a la diversidad de sus municipios y la disponibilidad de espacios para fomentar el crecimiento y fortalecimiento de los sectores productivos, con el objetivo de generar una política pública de inclusión social que favorezca el desarrollo nacional.
Dirección de Comunicaciones, 25 de julio de 2024
