Educación

Suplidores del almuerzo escolar preocupados por asignaciones sin licitación

ASUPLIDERD exige respuesta a INABIE ante denuncias de irregularidades

Santo Domingo. La Asociación de Suplidores y Proveedores de Alimentos a las Escuelas de la República Dominicana (ASUPLIDERD) ha expresado su profunda preocupación ante la asignación de raciones alimenticias del almuerzo escolar sin un proceso de licitación adecuado. La organización, encabezada por su presidente, Marino Peralta, emplazó al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) a proporcionar datos claros que respalden las acusaciones hechas por la consultora MIPYME, Elizabeth Beriguete.

Beriguete ha señalado que una significativa cantidad de raciones alimenticias, con un presupuesto que oscila entre los 6,500 y 12,000 millones de pesos, se están asignando de manera discrecional, sin pasar por los procesos licitatorios establecidos. Estas afirmaciones han generado un fuerte rechazo por parte de ASUPLIDERD, que exige transparencia y una auditoría exhaustiva de los procesos de contratación.

Denuncias de irregularidades

ASUPLIDERD ha denunciado que la información divulgada por INABIE, que atribuye errores en las licitaciones a la consultora Beriguete, es completamente falsa y busca desviar la atención de las verdaderas irregularidades que se están cometiendo. Marino Peralta aseguró que desde 2022, Beriguete no participa en la elaboración de licitaciones para INABIE debido a los riesgos que esto implicaría para sus clientes, en un entorno que describe como dominado por la corrupción.

Peralta subraya que esta situación no solo afecta la transparencia de los procesos, sino que también ha tenido un impacto significativo en el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) que participan en el programa de alimentación escolar. Según los datos presentados por ASUPLIDERD, en los años 2022 y 2023, de las 2,239 empresas MIPYME que participaron en los procesos licitatorios, solo 1,365 fueron contratadas, y de estas, 226 renunciaron o fueron retiradas del programa.

Impacto en el sector MIPYME

La situación descrita por ASUPLIDERD ha resultado en la exclusión de aproximadamente 900 empresas MIPYME en comparación con el cierre del año escolar 2021. Además, se reveló que solo 1,139 empresas lograron culminar el programa del almuerzo escolar, dejando un saldo de más de 1,100 MIPYMES perjudicadas y 793 plazas eliminadas.

Peralta señaló que, con un cambio de modalidad “muy sutil”, se ha vuelto a excluir a las MIPYMES que cumplen con los requisitos, mientras se protege a aquellos grupos con múltiples contratos y cocinas, dejando fuera a los más necesitados. Esto, según ASUPLIDERD, demuestra la falta de equidad y transparencia en el manejo del programa por parte de INABIE.

Exigen reformas y Auditoría

Ante esta situación, ASUPLIDERD hace un llamado al presidente Luis Abinader para que tome cartas en el asunto, proponiendo un encuentro donde se expongan las irregularidades y se realice una auditoría exhaustiva de los procesos de contratación y distribución de las raciones del almuerzo escolar. La asociación insiste en la necesidad de implementar reformas que garanticen la transparencia y la eficiencia en todas las etapas del proceso, así como la sanción de los responsables de cualquier anomalía.

En su comunicado, ASUPLIDERD también menciona la importancia de cumplir con la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, así como los decretos 31-22 y 416-23 emitidos por el Poder Ejecutivo, que buscan fortalecer la transparencia y la equidad en los procesos de contratación pública.

La controversia en torno a la asignación de raciones del almuerzo escolar sin licitación ha generado una preocupación creciente en el sector MIPYME, que ve en peligro su participación y sostenibilidad en el programa. ASUPLIDERD ha dejado claro que no cesará en su lucha por garantizar un proceso transparente y justo, en beneficio de los estudiantes y de las empresas que cumplen con los requisitos legales. La pelota está ahora en la cancha de INABIE, que deberá responder a las acusaciones con pruebas contundentes o enfrentar una creciente presión por reformas en su gestión.

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