Juez fija nueva fecha tras alegatos de defensa sobre notificación de pruebas
SANTO DOMINGO (República Dominicana). – El Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Puerto Plata ha aplazado para el próximo jueves 26 de septiembre la audiencia preliminar del caso que involucra al pelotero profesional Wander Franco, acusado de explotación sexual y comercial de una adolescente, y a la madre de la víctima, acusada de lavado de activos. La decisión fue tomada por el juez Francisco Pascual Abreu después de que la defensa de Franco alegara no haber sido notificada sobre una prueba audiovisual presentada por el Ministerio Público.
La audiencia, que se llevará a cabo a las 9:00 de la mañana, reunirá nuevamente a todas las partes involucradas en el proceso, incluyendo el Ministerio Público, que ha sustentado su acusación con base en múltiples violaciones a la ley dominicana. El comunicado de la procuraduría explica que el expediente acusatorio detalla que las acciones de Franco violan varias disposiciones del Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, específicamente en los artículos 25, 396 literales B y C, 409 y 410, así como también los artículos 265, 266 y 331 del Código Penal Dominicano, entre otros.
Detalles de las Acusaciones
El Ministerio Público sostiene en el expediente que las acciones de Wander Franco infringen varias normativas, entre ellas, la Ley 136-03, que protege los derechos de los menores de edad en la República Dominicana, y la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
Estas leyes, junto con las disposiciones del Código Penal Dominicano, forman la base del caso contra Franco, cuyo impacto se ha sentido tanto en el ámbito legal como en el deportivo, dada su prominencia como pelotero profesional.
En cuanto a la madre de la adolescente, cuyo nombre se omite por razones legales, las acusaciones incluyen violaciones tanto al Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes como a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Según el Ministerio Público, la madre habría facilitado y beneficiado económicamente de la explotación de su hija, lo que la implica en una serie de delitos graves que agravan la situación jurídica de ambos imputados.
Investigación y juceso judicial
La investigación ha sido llevada a cabo por la Fiscalía de Puerto Plata, bajo la dirección de su titular, Kelmi Duncan, y ha contado con el apoyo de la directora nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia del Ministerio Público, Olga Diná Llaverías.
Asimismo, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, dirigida por Ramona Nova Cabrera, ha jugado un rol crucial en el proceso, junto con los fiscales Michael Núñez, Claudio Alberto Cordero Jiménez, Dilsia Taveras, y Luis Martínez, quienes han colaborado en la construcción del caso.
El aplazamiento de la audiencia preliminar subraya la complejidad del caso y la necesidad de que todas las partes estén debidamente notificadas y preparadas para el proceso judicial.
La defensa de Wander Franco ha argumentado que la falta de notificación de una prueba audiovisual clave es motivo suficiente para solicitar más tiempo antes de proceder con la audiencia. Este argumento fue acogido por el juez, quien decidió reprogramar la audiencia para finales de septiembre.
Próximos pasos
El próximo 26 de septiembre será una fecha clave en el desarrollo de este caso, que ha captado la atención pública tanto por la gravedad de las acusaciones como por la notoriedad de los implicados.
El Ministerio Público espera poder presentar todas las pruebas recabadas durante la investigación para sustentar su acusación y avanzar hacia un juicio que determine la responsabilidad de los imputados.
Por su parte, las partes acusadas tendrán la oportunidad de presentar sus defensas, cuestionar las pruebas presentadas y argumentar en contra de las acusaciones formuladas.
El caso seguirá siendo monitoreado de cerca por diversos sectores, tanto a nivel nacional como internacional, debido a la seriedad de los delitos involucrados y las implicaciones sociales y legales que este juicio podría tener en la lucha contra la explotación infantil y el lavado de activos en la República Dominicana.
