Reclama cero impunidad y vigilancia en nuevo mandato de Abinader
Santo Domingo, República Dominicana. El Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) informó que llevó a cabo este viernes una serie de protestas simultáneas en Santo Domingo para exigir al presidente Luis Abinader que, en su segundo mandato, se garantice la condena de los corruptos y no haya impunidad para quienes han sido señalados por actos ilícitos durante su primera gestión.
Las manifestaciones, encabezadas por los dirigentes Manuel Ventura y Randy Montaño, se realizaron en puntos estratégicos de la capital, incluyendo las avenidas George Washington y 27 de Febrero con Máximo Gómez.
Los activistas, portando pancartas y consignas, denunciaron que varios casos de corrupción, surgidos en la administración pasada, no han recibido la atención adecuada por parte del sistema judicial, lo que consideran una falta de compromiso con la lucha contra la corrupción.
Ventura, en su discurso, subrayó que el FALPO estará vigilante para evitar que se repita lo sucedido en el primer periodo de Abinader, donde, según él, muchos funcionarios acusados de corrupción quedaron impunes.
Entre los casos mencionados por Ventura se encuentra el de Neney Cabrera, exdirector de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep). Cabrera fue acusado de irregularidades en el manejo de fondos destinados al programa "Pinta tu Barrio en Navidad", un proyecto que pretendía acondicionar 20,000 viviendas, pero que nunca alcanzó a sus beneficiarios, a pesar de una inversión gubernamental de más de 155 millones de pesos.
Otro caso señalado fue el de Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), quien enfrentó denuncias de corrupción durante la implementación del sistema semafórico del Gran Santo Domingo. Sin embargo, no se avanzó en ningún proceso judicial en su contra.
Ventura también recordó la controversia en torno a Kimberly Taveras, exministra de la Juventud y actual diputada, quien fue cuestionada por su declaración jurada de bienes, que ascendía a 106 millones de pesos. "Taveras simplemente tomó una licencia sin disfrute de sueldo y nunca se conoció de un proceso investigativo serio en su contra", señaló.
El dirigente popular no dejó fuera de su lista de denuncias a Adán Peguero, exdirector del Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), acusado de irregularidades en un contrato con la empresa Mía Cargo, caso que tampoco tuvo consecuencias legales significativas.
Por su parte, Randy Montaño declaró que la lucha del FALPO es pacífica pero firme, y que su objetivo es lograr que todos los casos de corrupción sean investigados y castigados conforme a la ley. "El pueblo tiene derecho a saber la verdad sobre los actos de corrupción, y nuestro deber es exigir transparencia y justicia", enfatizó Montaño.
Montaño también criticó el caso de Lisandro José Macarrulla, hijo del ministro de la Presidencia, quien admitió su culpabilidad en el escándalo de corrupción conocido como el caso Medusa. A pesar de su confesión, Macarrulla logró un acuerdo con el Ministerio Público, lo que fue percibido como un acto de impunidad por parte del FALPO.
Otros casos mencionados durante la protesta incluyeron a Mérido Torres, exdirector de la Unidad Técnica de Titulación de Terrenos del Estado, implicado en el caso Calamar, y Luis Maisichel Dicent, exdirector de la Lotería Nacional, quien fue absuelto en el juicio por corrupción relacionado con la Operación 13.
Montaño concluyó advirtiendo que el FALPO mantendrá una "guerra declarada" contra la corrupción, con la protesta de hoy marcando el inicio de una serie de acciones para exigir al presidente Abinader que cumpla su promesa de transparencia y rendición de cuentas. "Estamos aquí para recordarle al presidente que el pueblo dominicano no tolerará más corrupción. Nuestro compromiso es con la justicia y con el bienestar de todos los dominicanos", finalizó.
Con estas acciones, el FALPO reafirma su papel como un actor clave en la vigilancia y denuncia de la corrupción en la República Dominicana, enviando un claro mensaje al gobierno de que la sociedad civil está atenta y exige resultados concretos en la lucha contra este flagelo.