Artículo 14 de la Ley 340-06 prohíbe a legisladores contratar con el Estado
Santo Domingo, R.D. – La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció este lunes la suspensión de oficio de los Registros de Proveedores del Estado (RPE) de 22 legisladores electos para el periodo 2024-2028, entre ellos dos senadores y 20 diputados. Esta decisión se tomó en virtud del artículo 14 de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas, que establece que los miembros del Poder Legislativo están inhabilitados para contratar con el Estado durante su mandato y hasta seis meses después de su salida del cargo.
La Resolución Núm. DGCP-DG-02-2024, emitida por la DGCP, detalla que la suspensión busca evitar posibles conflictos de interés y fortalecer la transparencia en el sistema de compras y contrataciones del país.
Carlos Pimentel, director general de la DGCP, explicó que esta medida no debe interpretarse como una sanción, sino como una acción preventiva en consonancia con los principios de transparencia y ética que rigen la administración pública.
El funcionario subrayó que se realizó un cruce de información exhaustivo para identificar a los legisladores que, además de ocupar cargos en el Congreso Nacional o el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), tienen una participación societaria superior al diez por ciento (10%) en empresas que se encuentran registradas como proveedores del Estado. Como resultado de este proceso, se suspendió el RPE de los 22 legisladores involucrados.
El acto administrativo que sustenta esta suspensión ha sido remitido a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas para los fines correspondientes, garantizando que se cumpla con lo dispuesto en la Ley 340-06.
La DGCP reafirmó su compromiso con la integridad en las contrataciones públicas, asegurando que seguirá tomando las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de irregularidad en el proceso de adquisición de bienes, obras y servicios por parte del Estado.
Esta decisión se enmarca en los esfuerzos del gobierno por fortalecer los mecanismos de control y fiscalización, asegurando que los principios de legalidad y transparencia prevalezcan en todas las operaciones de compra y contratación pública, se informó. Con esta medida, la DGCP busca enviar un mensaje claro sobre la importancia de cumplir con la normativa vigente y de evitar cualquier situación que pueda comprometer la ética y la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas.
