Si Noboa resulta culpable podría ser a destituido o inhabilitado por hasta cuatro años
MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -La Justicia de Ecuador ha admitido a trámite este sábado la demanda interpuesta contra el presidente del país, Daniel Noboa, por parte de su vicepresidenta, Verónica Abad, quien lo denunció por "violencia política de género", en medio de la ruptura institucional entre ambos después de que el mandatario la enviará a Tel Aviv como embajadora poco después de las elecciones.
La demanda de la vicepresidenta, que alcanza también al viceministro de Gobierno (Esteban Torres), a la ministra de Exteriores (Gabriela Sommerfeld) y a la asesora presidencial (Diana Jácome), ha sido admitida por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que prevé una "audiencia única de pruebas y alegatos para el próximo jueves 12 de septiembre a las 10.00 de la mañana" (hora local), según el diario 'La Hora'.
Los demandados dispondrán de cinco días hábiles desde el día en que se les notifique la citación para contestar a los alegatos y presentar las pruebas pertinentes para la resolución del caso, cuyo expediente tienen derecho a conocer al completo.
La demanda de la vicepresidenta, que alcanza también al viceministro de Gobierno (Esteban Torres), a la ministra de Exteriores (Gabriela Sommerfeld) y a la asesora presidencial (Diana Jácome)
Esta resolución llega después de que el pasado 8 de agosto llegase al TCE una denuncia de Abad contra Noboa por violencia política, aunque en ese momento no se le asignara juez alguno al caso.
Si Noboa resulta finalmente declarado culpable, podría enfrentarse a sanciones que van desde multa económica hasta, en el peor de los casos, la destitución y/o una inhabilitación de hasta cuatro años.
Desde que fuera relegada al exterior, Abad ha venido acusando a Noboa de coartar su libertad de expresión, de estar detrás de una persecución judicial contra ella y los miembros de su familia, así como de bloquear su vuelta a Ecuador.
Este tipo de violencia política incluye cualquier "agresión cometida por una persona o grupo de personas, directa o indirectamente, contra mujeres candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de Derechos Humanos, feministas, líderes políticas o sociales".
