Fiscalía ajusta cargos para sortear inmunidad presidencial y sigue acorralando a Trump por intento de fraude electoral
Los casos judiciales contra el expresidente Donald Trump continúan sacudiendo los tribunales de Estados Unidos. La Fiscalía especial, encargada de investigar los esfuerzos del magnate para anular los resultados de las elecciones de 2020, ha presentado una nueva acusación.
Aunque mantiene los cuatro cargos iniciales, la Fiscalía ha adaptado su enfoque para superar las limitaciones impuestas por el Tribunal Supremo en términos de inmunidad presidencial.
El Tribunal Supremo dictaminó recientemente que, si bien Trump gozaba de inmunidad como presidente, esta no era absoluta. Esto permitió a los tribunales explorar qué acciones del exmandatario podrían estar protegidas por su cargo y cuáles no.
En respuesta a este fallo, el fiscal Jack Smith ha ajustado los cargos, manteniendo las acusaciones de conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración contra los derechos de los ciudadanos.
El nuevo documento, respaldado por un gran jurado federal, omite algunas acusaciones previas, como la supuesta utilización del Departamento de Justicia para promover la teoría del fraude electoral, según informa CNN y replia Europa Press.
El ajuste pone un mayor énfasis en la figura de Trump como "candidato" durante las elecciones, minimizando su rol como presidente en los eventos que culminaron en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.
A pesar de los múltiples frentes judiciales abiertos en su contra, Trump ya se ha declarado inocente de los cargos relacionados con este caso, cuya resolución aún no tiene fecha fija.
Con las elecciones presidenciales de noviembre en el horizonte, Trump busca regresar a la Casa Blanca como el principal candidato del Partido Republicano.
El fiscal Jack Smith ha subrayado que Trump propagó conscientemente mentiras infundadas sobre los resultados electorales.
Este nuevo enfoque judicial refleja el compromiso del Gobierno federal de "respetar y aplicar" la jurisprudencia del Tribunal Supremo, marcando un nuevo capítulo en la batalla legal contra el expresidente.
