Caos vial en Santo Domingo revela debilidades en infraestructura
Santo Domingo, República Dominicana – El caos vial que paralizó el Distrito Nacional durante los últimos días de agosto tiene un responsable según el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT). En una declaración pública, leida por su director Milton Morrison, el NTRANT acusó a la empresa Transcore Latam SRL de ser la causante de la interrupción parcial del sistema de semáforos, que dejó sin regulación a varias de las intersecciones más críticas de la ciudad.
La crisis se desató cuando, el 27 de agosto por la noche, técnicos del INTRANT detectaron actividades inusuales realizadas por Transcore Latam SRL, la empresa contratada para la modernización y gestión del sistema semafórico del Gran Santo Domingo. Según la declaración del INTRANT, Transcore estaba reemplazando dispositivos y reguladores semafóricos sin la debida autorización, en una clara violación de los acuerdos institucionales establecidos en el contrato firmado el 19 de junio de 2023.
Interrupción y caos vial
El comunicado leído por Morrison se establece que el resultado de esta acción unilateral fue inmediato y devastador. A las 10:44 p.m. del 27 de agosto, Transcore decidió cesar todos sus servicios al INTRANT, comunicando su decisión únicamente a través de un chat interno. Esta interrupción abrupta dejó fuera de servicio a 29 intersecciones, que se expandieron a 55 en las siguientes horas, generando un caos vehicular sin precedentes en el Distrito Nacional.
"El INTRANT, consciente del riesgo para la seguridad pública que representaba esta situación, se vio obligado a intervenir de manera directa por primera vez desde la firma del contrato con Transcore. La noche del 29 de agosto, un equipo técnico de emergencia del INTRANT inició una operación estratégica para retomar el control de los nodos de comunicación que gestionaban los semáforos. La intervención incluyó la toma de seis nodos de comunicación por fibra óptica y la militarización de los mismos para garantizar su seguridad", manife.
Recuperación del sistema
Durante 48 horas, los técnicos del INTRANT trabajaron sin descanso para recuperar el control de la red semafórica, que operaba bajo una lógica descentralizada conocida únicamente por Transcore. Este desafío técnico fue superado, y el equipo del INTRANT logró reinstaurar el control manual del sistema, asegurando que en el futuro, cualquier gestión de averías dependerá exclusivamente del Estado dominicano.
Sin embargo, a pesar de haber evitado un colapso mayor, la intervención del INTRANT expuso la fragilidad de la infraestructura semafórica de Santo Domingo. La crisis reveló la urgencia de implementar un control centralizado y gestionado directamente por el INTRANT para evitar futuras vulnerabilidades.
Medidas adoptadas y consecuencias legales
Como respuesta inmediata a la crisis, el INTRANT anunció la rescisión del contrato con Transcore Latam SRL y cualquier otro derivado del mismo, asumiendo todas las consecuencias legales pertinentes. Asimismo, se solicitó una investigación al Ministerio Público para determinar las responsabilidades correspondientes en este incidente.
En su declaración, el INTRANT enfatizó su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, subrayando que la seguridad y el bienestar de los ciudadanos son prioridades inquebrantables. El instituto reafirmó su determinación de mantener el control del sistema semafórico bajo la administración directa del Estado dominicano, a través de medidas que fortalezcan la infraestructura existente y eviten futuras crisis.
Este incidente marca un antes y un después en la gestión del sistema de semáforos en Santo Domingo, poniendo en evidencia las deficiencias que deben ser corregidas para garantizar un tránsito fluido y seguro. La interrupción parcial del sistema, provocada por la empresa contratada, ha dejado una lección clara: la infraestructura vial es un asunto de seguridad nacional que no puede depender de entidades externas sin el debido control y supervisión del Estado.
El INTRANT ahora enfrenta el desafío de restaurar la confianza pública y asegurar que, en el futuro, el caos vial no vuelva a ser la consecuencia de una gestión inadecuada o de decisiones unilaterales por parte de terceros.
