EE.UU. incauta avión presidencial venezolano en República Dominicana
Caracas, Venezuela.- La tensión entre Estados Unidos y Venezuela se intensificó este lunes tras la confiscación de un avión Dassault Falcon 900EX, propiedad del Ejecutivo venezolano, en suelo dominicano. La aeronave, descrita como el "equivalente venezolano al Air Force One", fue incautada por orden del Departamento de Justicia de Estados Unidos bajo la acusación de violar sanciones y leyes de control de exportaciones impuestas por Washington.
El ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, calificó el acto como un ejemplo flagrante de "piratería" en un comunicado difundido a través de redes sociales. Gil denunció la acción como parte de una "práctica criminal reincidente" de Estados Unidos que, según él, atenta contra el derecho internacional y la soberanía de los Estados. “Esta acción revela que ningún Estado y ningún gobierno constitucional está a salvo de acciones ilegales que desconocen el derecho internacional", sostuvo el canciller.
La aeronave incautada, según las autoridades estadounidenses, fue adquirida de manera ilegal por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma vinculada al régimen de Nicolás Maduro. El avión fue exportado de contrabando desde Estados Unidos y utilizado por el mandatario venezolano y su círculo cercano, lo que llevó al Departamento de Justicia a intervenir.
Merrick B. Garland, Fiscal General de Estados Unidos, destacó que la incautación del Dassault Falcon 900EX refleja la determinación de Washington de hacer cumplir sus sanciones y controles de exportación, especialmente en lo que respecta a funcionarios venezolanos sancionados. “El Departamento seguirá persiguiendo a quienes violen nuestras sanciones y controles de exportación para evitar que utilicen recursos estadounidenses para socavar la seguridad nacional de Estados Unidos”, afirmó Garland.
La operación, coordinada entre el gobierno estadounidense y autoridades dominicanas, permitió que la aeronave fuera trasladada al Distrito Sur de Florida, donde permanecerá bajo custodia de las autoridades mientras avanza la investigación. “Que esta incautación envíe un mensaje claro: las aeronaves adquiridas ilegalmente de los Estados Unidos para beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no pueden simplemente desaparecer”, enfatizó Matthew S. Axelrod, subsecretario de Control de Exportaciones del Departamento de Comercio.
La respuesta de Caracas no se hizo esperar. En su declaración, el gobierno venezolano subrayó su disposición a emprender acciones legales para "reparar el daño perpetrado" por Estados Unidos, acusando a Washington de utilizar su poder económico y militar para amedrentar a otros países, incluyendo a la República Dominicana, que sirvió de escenario para la incautación.
La Cancillería venezolana también denunció que este acto es un ejemplo más de la "política criminal de medidas coercitivas unilaterales" que Washington ha aplicado contra Venezuela, en un esfuerzo por debilitar al gobierno de Maduro. A pesar de las tensiones, Venezuela indicó que explorará todas las vías legales disponibles para desafiar la confiscación del avión y proteger su soberanía.
El Departamento de Justicia, por su parte, defendió la legalidad de la incautación, argumentando que la aeronave había sido utilizada en violación de las sanciones estadounidenses y que representaba una amenaza a la seguridad nacional. Además, la operación subraya el compromiso de Estados Unidos de frenar el flujo de ganancias ilícitas derivadas de la corrupción pública extranjera de alto nivel, según declaró Anthony Salisbury, agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Miami.
Este incidente marca una nueva escalada en las ya tensas relaciones entre Washington y Caracas, que han estado marcadas por acusaciones mutuas de intervencionismo y violaciones a los derechos humanos. La confiscación del avión presidencial en suelo dominicano es vista por muchos analistas como un gesto simbólico de la postura intransigente de Estados Unidos hacia el gobierno de Maduro.
Mientras tanto, el futuro de la aeronave y las posibles repercusiones diplomáticas de su incautación aún están por verse. La comunidad internacional sigue de cerca el desarrollo de los acontecimientos, ya que este episodio podría tener implicaciones más amplias en la región y en las relaciones entre Estados Unidos y otros países que mantienen vínculos con Venezuela.
El gobierno de Maduro ha llamado a la comunidad internacional a condenar lo que considera una "violación descarada" de su soberanía y ha reiterado su compromiso de seguir resistiendo lo que describe como un asedio imperialista. Estados Unidos, en contraste, ha dejado claro que continuará aplicando sus sanciones con todo rigor y que ningún funcionario extranjero está por encima de la ley.
