Informe revela aumento de detenciones arbitrarias y ataques indígenas
GINEBRA – Un reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha revelado una grave escalada en la persecución de opositores y la violación de derechos humanos en Nicaragua. El documento, publicado este martes en Ginebra, describe un panorama sombrío en el país centroamericano, donde las detenciones arbitrarias, la intimidación y los malos tratos bajo custodia se han convertido en una constante.
Volker Türk, alto comisionado de la ONU, advirtió que desde el año pasado la persecución de quienes expresan opiniones disidentes ha crecido en intensidad y amplitud. Según Türk, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha extendido su represión a cualquier persona u organización que opere fuera de su control.
El informe subraya que esta represión no se limita solo a opositores políticos, sino que también afecta a defensores de derechos humanos, medios de comunicación independientes y organizaciones no gubernamentales. El gobierno ha propuesto leyes que podrían criminalizar a nicaragüenses en el extranjero, lo que preocupa aún más a la comunidad internacional.
Basado en 120 entrevistas con víctimas y testigos, el informe documenta casos de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y violaciones a la libertad de expresión. Entre junio de 2023 y junio de 2024, las detenciones arbitrarias aumentaron de 54 a 131 personas.
Uno de los casos más alarmantes ocurrió en la ciudad de Matagalpa, donde un hombre de 70 años fue arrestado por criticar al gobierno en conversaciones casuales. Después de un mes de desaparición forzada, fue condenado a siete años de prisión en un juicio sin garantías judiciales.
El informe también documenta casos de tortura, con siete detenidos denunciando abusos sexuales, violaciones y descargas eléctricas. Tres de ellos sufrieron estrangulamiento en los testículos, y todos presentaron signos de trastorno de estrés postraumático.
La violencia contra pueblos indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe también es preocupante. El informe registra al menos dos asesinatos cometidos por colonos que buscan apoderarse de tierras indígenas, en un contexto de impunidad generalizada.
El documento también alerta sobre la represión religiosa en Nicaragua, con 27 sacerdotes y seminaristas detenidos arbitrariamente y 31 clérigos expulsados del país. Además, se ha revocado el estatus legal de más de 5000 organizaciones desde 2018, incluidas muchas religiosas.
Türk concluyó que la crisis en Nicaragua, en curso desde 2018, requiere un cambio urgente. Las próximas elecciones en 2026 podrían ser una oportunidad para que los nicaragüenses decidan su futuro con seguridad y libertad. Leer texto original difundido por IPS
