Azua, R.D. – El conductor Ángel Encarnación Bautista, acusado de provocar un trágico accidente que dejó seis personas fallecidas y más de 40 heridas en la sección Bastida, Las Yayas de Viajama, deberá cumplir con una garantía económica de un millón de pesos como parte de las medidas coercitivas impuestas por el Juzgado de Paz Ordinario de Las Yayas de Viajama.
La jueza Ana Esther Hernández determinó que Encarnación Bautista, además de la garantía económica, tendrá impedimento de salida del país y deberá presentarse periódicamente ante las autoridades por un período de seis meses mientras continúan las investigaciones.
Encarnación Bautista enfrenta cargos preliminares por manejo temerario, exceso de velocidad, golpes y heridas involuntarias, que resultaron en lesiones permanentes y la muerte de seis personas. El Ministerio Público, representado por Juan Diego Ramírez Galván, presentó varias pruebas que lo vinculan directamente con los hechos ocurridos el pasado 1 de septiembre.
El trágico incidente tuvo lugar en la madrugada del domingo, cuando Encarnación Bautista, comerciante de San Juan, se desplazaba en un camión Daihatsu cargado de aguacates por la carretera San Juan-Azua. Según el Ministerio Público, el imputado conducía de manera imprudente y a alta velocidad, perdiendo el control del vehículo frente a un colmadón, atropellando a la multitud que se encontraba en el lugar.
El accidente resultó en la muerte de José René Guzmán Guzmán, Génesis Arias Alcántara, Elvin Guzmán Rodríguez, Deury Ferreras Matos, Yohennys Soriano Méndez y Jhon Deivy Geraldo Matos, quienes sufrieron traumas severos, principalmente contusiones craneoencefálicas y faciales. Más de 40 personas también resultaron heridas de gravedad.
Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó que se impusiera prisión preventiva, argumentando que Encarnación Bautista representa un riesgo de fuga, ya que tras el incidente intentó huir del lugar. Sin embargo, la jueza optó por imponer la garantía económica y las medidas adicionales mientras se desarrolla el proceso de investigación.
El caso ha sido calificado provisionalmente como una violación a los artículos 220, 264, 268, 302, 303, numerales 3, 4 y 5, 304, numeral 2, y 311 de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Esta ley regula las normativas sobre la seguridad vial en la República Dominicana, y las autoridades buscan que se aplique con rigurosidad en este caso debido a la magnitud de la tragedia.
El trágico suceso ha conmocionado a la comunidad de Las Yayas de Viajama, que clama por justicia para las víctimas. El Ministerio Público sigue recopilando pruebas para presentar un caso sólido que garantice que el responsable asuma las consecuencias legales de sus actos imprudentes.
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