Imputados enfrentan juicio por negligencia en fábrica de plásticos
El Ministerio Público presentó este jueves la acusación formal contra los responsables de la trágica explosión en una fábrica de plásticos en San Cristóbal, ocurrida el 14 de agosto de 2023. Este fatídico evento dejó 38 muertos, decenas de heridos y provocó la destrucción de nueve edificios y múltiples viviendas.
Según la acusación, los propietarios de la fábrica Vidal Plast SRL, Edward Armando Vidal Garrido, Maribel Sandoval Almánzar y Mercedes Altagracia Vidal, habrían actuado con torpeza, imprudencia y negligencia al no cumplir con los reglamentos de almacenamiento de plásticos, salud y medioambiente.
El expediente indica que la explosión se originó a las 3:10 p.m. en la intersección de las calles Padre Ayala y Francisco J. Peynado, afectando gravemente la zona conocida como el Antiguo Mercadito. Las investigaciones apuntan a que los imputados ignoraron múltiples señales de peligro en los meses previos al desastre.
Alertas ignoradas desde marzo de 2023
La acusación narra que, el 18 de marzo de 2023, una chispa durante trabajos de herrería en la fábrica desató una reacción química peligrosa. Ese incidente fue la primera señal de alerta de los riesgos que representaba el manejo negligente de materiales peligrosos en el local. Pese a las quemaduras sufridas por uno de los empleados, las medidas de seguridad no fueron reforzadas.
Cinco meses después, la tragedia se materializó. El químico Autofina-Luporox A 70S, un peróxido orgánico altamente inflamable utilizado en la fabricación de plásticos, fue identificado como el principal detonante de la explosión. Al estar almacenado en un ambiente cerrado y rodeado de residuos plásticos, el compuesto se descontroló, provocando la devastadora explosión.
La acusación y las pruebas presentadas
El Ministerio Público ha presentado 128 pruebas en contra de los acusados, incluyendo testimonios, documentos, peritajes y material audiovisual que refuerzan la responsabilidad de los propietarios de Vidal Plast SRL. El expediente señala que el químico había sido almacenado durante años sin las debidas precauciones, lo que contribuyó a la acumulación de gases inflamables.
Los acusados, que están bajo medidas de coerción desde septiembre de 2023, enfrentan cargos por violar el artículo 319 del Código Penal, además de varios numerales de la Ley General de Salud 42-01 y la Ley 64-00 sobre Medioambiente y Recursos Naturales. El caso ha sido declarado complejo, lo que extiende los plazos de la investigación.
Exigencia de justicia
La comunidad de San Cristóbal, aún conmocionada por el suceso, sigue exigiendo justicia para las víctimas y los afectados por la explosión. Mientras tanto, el Ministerio Público busca que se haga justicia en este proceso, señalando que la negligencia y el incumplimiento de las normas básicas de seguridad provocaron una tragedia que pudo evitarse.
La apertura formal del juicio representa un paso crucial hacia la rendición de cuentas de los responsables de uno de los desastres industriales más graves en la historia reciente de la República Dominicana.
