SAN PEDRO DE MACORÍS (República Dominicana) – El Ministerio Público ha presentado ante la Oficina de Atención Permanente de San Pedro de Macorís la solicitud de medida de coerción contra Walky Cuevas Charles, regidor de este municipio, y Pamela Violeta Astacio, alias “Melvin Gato”, ambos acusados de participar en una red de narcotráfico y lavado de activos liderada por Yúnior Santos Restrepo.
El órgano persecutor ha solicitado al tribunal la imposición de ocho meses de prisión preventiva para ambos imputados, así como la declaratoria de complejidad del proceso debido a la magnitud de las actividades ilícitas. Cuevas Charles y Astacio fueron arrestados el pasado 3 de septiembre, tras una investigación coordinada por el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), y la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos.
Según el expediente, la red liderada por Santos Restrepo operaba principalmente en las regiones este y sur de República Dominicana, introduciendo grandes cantidades de drogas a través de las costas de San Pedro de Macorís y Barahona, para posteriormente enviarlas a Estados Unidos y Europa.
Las investigaciones, encabezadas por la titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Ramona Nova Cabrera, revelaron que Cuevas Charles y Astacio participaron activamente en el lavado de los ingresos obtenidos por estas operaciones. El Ministerio Público señala que los imputados adquirían bienes lujosos y constituían negocios con los cuales blanqueaban las ganancias del narcotráfico.
El regidor Walky Cuevas Charles jugaba un papel fundamental en el transporte de grandes sumas de dinero en efectivo derivadas del narcotráfico, las cuales entregaba a Diana Patricia Restrepo Nader, madre de Santos Restrepo, quien actualmente se encuentra prófuga de la justicia. Cuevas Charles también adquirió bienes y vehículos con fondos ilícitos en favor de Santos Restrepo y su familia.
Por su parte, Pamela Violeta Astacio, alias “Melvin Gato”, era responsable de recibir el dinero proveniente de la venta de drogas en Estados Unidos y transferirlo a la República Dominicana. Además, intentó ocultar bienes ya incautados por las autoridades para beneficio de Santos Restrepo.
El Ministerio Público ha calificado los hechos de ambos imputados bajo la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas, sancionando su participación en el tráfico de drogas, así como en actividades relacionadas con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, conforme a la Ley 155-17.
Ambos acusados enfrentan graves cargos, y las autoridades han recabado pruebas contundentes tras los allanamientos realizados en sus propiedades.4o
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