SANTO DOMINGO, RD – En un acto que evidencia la corrupción endémica en el sector eléctrico, la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) ha presentado formal acusación contra Regino Martín Aza Ovalle, quien enfrenta cargos de fraude por más de 50 millones de pesos en perjuicio del sistema eléctrico nacional.
La acusación y el requerimiento de apertura a juicio han sido depositados en los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, detallando un esquema de defraudación que asciende a la alarmante cifra de RD$52,906,599.60.
El imputado, propietario y beneficiario de la empresa Agua Purificada Luz, ubicada en la Ave. Duarte, Los Manguitos, Distrito Nacional, es señalado de operar un complejo entramado de conexiones ilegales en media tensión (MT).
Se descubrió que la empresa estaba conectada directamente a la red de distribución residencial subterránea (URD) mediante siete transformadores, cuatro de 100KVA y tres de 167KVA, todos con un consumo irregular de 53.9 amperes (AMP).
Ese tipo de conexiones fraudulentas permite el robo descarado de energía a gran escala, evadiendo el pago correspondiente por un servicio que la mayoría de los ciudadanos paga religiosamente.
Se descubrió que la empresa estaba conectada directamente a la red de distribución residencial subterránea (URD) mediante siete transformadores
La evaluación realizada por la distribuidora EDEESTE y revisada y aprobada por la Superintendencia de Electricidad (SIE) confirmó el valor del robo, evidenciando la magnitud de un fraude que no solo afecta a la empresa distribuidora, sino que también daña directamente a los usuarios honestos que, al final, terminan pagando el costo de este tipo de delitos.
El Ministerio Público ha imputado a Aza Ovalle por violación de múltiples artículos de la Ley General de Electricidad 125-01, modificada por la Ley 186-07, que sanciona severamente cualquier atentado contra el Sistema Eléctrico Nacional.
En particular, se le acusa de violar los artículos 124-2, 124-3, 125, literal C; 125-2, literal A, numeral 3; y 125-2, literal B, numeral 4, que tipifican el fraude eléctrico y el atentado contra la infraestructura eléctrica como crímenes graves en perjuicio del Estado Dominicano y de la distribuidora EDEESTE, S.A.
Este caso evidencia la profunda falta de escrúpulos en algunos sectores empresariales, donde se busca lucrar a costa de un servicio esencial, provocando pérdidas multimillonarias y afectando la estabilidad del sistema eléctrico nacional.
La acción legal emprendida contra Aza Ovalle es un paso crucial en la lucha contra el fraude eléctrico en la República Dominicana, una práctica que no solo debilita la economía del país, sino que también perpetúa la inequidad y el abuso de poder.
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