Le imponen presentación mensual e impedimento de salida del país
San Pedro de Macorís, RD – En un golpe al crimen organizado, el juez Darlys Eusebio de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente impuso medidas de coerción contra el regidor Walky Cuevas Charles y Pamela Violeta Astacio, alias “Melvin Gato”, acusados de formar parte de la poderosa red de narcotráfico y lavado de activos liderada por Yunior Santos Restrepo.
Los imputados deberán presentarse mensualmente ante el Ministerio Público por seis meses y no podrán salir del país sin autorización judicial.
La detención de Cuevas Charles y Astacio, el pasado 3 de septiembre, se dio en el marco de una investigación conjunta entre el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos.
Esta operación internacional desmanteló una compleja estructura criminal que introducía grandes cantidades de drogas por las costas de San Pedro de Macorís y Barahona, con destino final en EE. UU. y Europa.
El expediente elaborado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, bajo la dirección de Ramona Nova Cabrera, revela que los imputados utilizaban los beneficios del narcotráfico para adquirir lujosos bienes y propiedades, con el objetivo de dar apariencia de legalidad a su fortuna ilícita.
La red introdujo más de 300 millones de pesos al sistema económico dominicano, y Walky Cuevas Charles fue pieza clave en el transporte y manejo de estas sumas, entregando los fondos a la madre de Santos Restrepo, la fugitiva Diana Patricia Restrepo Nader.
La red introdujo más de 300 millones de pesos al sistema económico dominicano, y Walky Cuevas Charles fue pieza clave en el transporte y manejo de estas sumas
Mientras tanto, Astacio se encargaba de recibir en Estados Unidos el dinero de la venta de drogas y transferirlo a República Dominicana, asegurando que llegara a manos de Santos Restrepo y su red.
Además, trató de ocultar bienes ya incautados por las autoridades, mostrando su rol como pieza fundamental en esta operación criminal.
Durante la audiencia, el Ministerio Público, representado por los fiscales José Manuel Calzado, Manuel Castro, Pedro Medina y Ana María Frías, solicitó ocho meses de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del caso, dada la magnitud de la red y la cantidad de implicados. Sin embargo, el tribunal optó por la presentación periódica y el impedimento de salida como medida provisional.
La investigación, que involucró sofisticadas técnicas de rastreo financiero y operativo, destapó cómo esta organización criminal infiltró el sistema económico dominicano con fondos provenientes del narcotráfico.
El Ministerio Público calificó provisionalmente los hechos como participación en un grupo de crimen organizado, tipificado en la Ley 50-88 sobre Drogas y la Ley 155-17 de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El regidor y su cómplice ahora enfrentan un proceso judicial que promete exponer la profundidad y el alcance de esta red delictiva, mientras las autoridades continúan buscando a otros implicados y trabajando para erradicar el flagelo del narcotráfico y el lavado de activos que afecta al país.
