Santo Domingo, R.D. – La Fiscalía del Distrito Nacional ha lanzado un golpe contra los implicados en el violento asalto a la sucursal del Banco Popular Dominicano en la avenida Luperón, esquina Olof Palme, al presentar una acusación contundente que podría enviar a los imputados a prisión por décadas.
Con un arsenal de 85 pruebas entre testimoniales, documentales, periciales y audiovisuales, el Ministerio Público se propone enfrentar cualquier intento de defensa y asegurar una condena ejemplar contra los acusados Jorge Luis Estrella Arias, Eddy Enmanuel Segura Arias y Alberto Ezequiel Estrella Arias.
El fiscal Ernis Josué Mella Medina, quien lleva las riendas de esta acusación, no dejó cabos sueltos al detallar cómo estos tres individuos, en complicidad con los ahora fallecidos Richard Michel Estrella Arias y Johan Belliard Aybar, alias “Beberrá”, planificaron y ejecutaron el asalto que resultó en el robo de RD$1,685,723.68 el 3 de junio de 2024.
Los detalles del asalto son escalofriantes: amenazas con armas de fuego ilegales, sometimiento de empleados y clientes, y una coordinación milimétrica para intentar escapar con el botín.
Han presentado 31 pruebas testimoniales, entre otras, que revelan el horror que vivieron las víctimas, 32 pruebas documentales que prueban cada paso de la planificación del robo.
Mientras Jorge Luis y Eddy Enmanuel cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-17) Najayo Hombres, Alberto Ezequiel se encuentra bajo una medida coercitiva de RD$500,000 y con impedimento de salida del país.
Han presentado 31 pruebas testimoniales que revelan el horror que vivieron las víctimas, 32 pruebas documentales que prueban cada paso de la planificación del robo.
Este último fue señalado como el cerebro logístico, alquilando el vehículo utilizado en el atraco con información falsa y sugiriendo implicar a su propio hermano fallecido para desviar la investigación.
La estrategia de la Fiscalía es clara y agresiva: no dejar ninguna grieta por donde los acusados puedan escapar. Han presentado 31 pruebas testimoniales que revelan el horror que vivieron las víctimas, 32 pruebas documentales que prueban cada paso de la planificación del robo.
El cerebro del grupo implicó a su propio hermano fallecido para desviar la investigación.
También presentaron seis pericias que confirman el uso de armas de fuego ilegales, cuatro evidencias audiovisuales que registran el acto criminal y una prueba ilustrativa que demuestra la ruta de escape. Además, se suman 11 pruebas materiales que conectan directamente a los acusados con el robo.
La calificación jurídica presentada por la Fiscalía incluye los delitos de asociación de malhechores, robo con violencia y uso de armas de fuego ilegales, en violación a los artículos 265, 266, 379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano, así como varios artículos de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas.
La coordenadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional deberá apoderar el tribunal que decidirá si este trío de delincuentes enfrentará un juicio que lo lleve a la cárcel.
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