69 instituciones en la mira para eliminación y reestructuración inmediata.
Santo Domingo.- La administración pública de la República Dominicana está a punto de vivir una transformación sin precedentes. El doctor Gregorio Montero, especialista en reforma y modernización de la Administración Pública, reveló el ambicioso plan que busca reducir drásticamente el número de ministerios y fusionar o eliminar 69 instituciones estatales mediante decreto presidencial.
En una entrevista con el periodista Federico Méndez para el programa Esferas de Poder, Montero detalló que existen varias propuestas para reducir el número de ministerios de 23 a 16, en un intento por racionalizar la administración estatal y hacerla más eficiente.
Entre las medidas propuestas se encuentran la eliminación del Ministerio Administrativo de la Presidencia y la fusión de los Ministerios de Cultura y Deportes, así como la creación de un único organismo que integre todas las instituciones de protección y asistencia social.
“La idea no es eliminar competencias, sino integrar funciones para evitar duplicidades. Esta reestructuración tiene como objetivo principal la eficiencia y la lógica en la gestión pública”, explicó Montero.
La propuesta también contempla la fusión de los Ministerios de Hacienda y de Economía, Planificación y Desarrollo, lo que implicaría un replanteamiento de todas las direcciones que dependen de estas instituciones.
Ministerio de Administración Pública: vigilancia permanente
Montero insistió en que el Ministerio de Administración Pública (MAP) debe realizar una revisión estructural de las instituciones cada tres años, conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública, para garantizar que todas cumplan con los principios de racionalidad, economía, eficacia y eficiencia.
“Esta reestructuración no es un fin en sí mismo, sino un proceso constante de adaptación y mejora”, subrayó el experto.
Fusión de Impuestos Internos y Aduanas
Otro de los cambios radicales propuestos por Montero es la fusión de la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos en una sola administración tributaria unificada. “Esto no solo optimizaría la recaudación de impuestos, sino que también reduciría significativamente la burocracia y los costos operativos”, afirmó.
Resistencia al cambio: un reto político
El especialista en reforma admitió que, pese a la lógica detrás de estas propuestas, la resistencia es fuerte dentro del propio aparato estatal. “Nadie quiere que le fusionen o eliminen su ministerio, pero debemos recordar que estas decisiones no afectan competencias, sino estructuras obsoletas que deben ser modernizadas”, enfatizó.
Además, Montero recordó que los sectores privilegiados se aferran a sus posiciones debido a la falta de decisiones políticas firmes. “La administración pública ha sido históricamente un territorio reservado para una casta específica. Es hora de romper con ese paradigma y tomar decisiones técnicas y políticas que beneficien al país en su totalidad”, agregó.
Desmantelamiento de instituciones ineficientes: 69 órganos en la mira
El proceso de reestructuración afectaría directamente a 69 oficinas y direcciones generales que podrían ser eliminadas, fusionadas o reubicadas. Montero destacó que este sería un paso crucial hacia una administración más racional y coherente.
“El presidente Abinader tiene la facultad de ejecutar estas medidas por decreto, y es imperativo que lo haga para evitar el colapso administrativo y la ineficiencia estatal”, advirtió.
Impacto en la población: decisiones que afectan a todos
Montero hizo un llamado a la ciudadanía a involucrarse en estos temas, ya que las decisiones administrativas afectan directamente a la calidad de vida de todos los dominicanos.
“La racionalización de la administración pública no es solo un asunto de tecnócratas, es un tema que debe interesarnos a todos, porque al final del día, es la población la que sufre o se beneficia de un gobierno eficiente o ineficiente”, concluyó.
Un futuro de incertidumbre: ¿Se atreverá Abinader?
Con este panorama, la pregunta que queda en el aire es si el presidente Abinader se atreverá a implementar estas reformas drásticas en un entorno donde la resistencia al cambio es feroz.
La próxima etapa en esta saga de reestructuración podría marcar un antes y un después en la historia administrativa de la República Dominicana.
