La Operación Discovery 2.0 desmantela red internacional de estafas electrónicas
La Fiscalía de Santiago presentó una acusación formal contra 21 personas, incluidas dos entidades empresariales, implicadas en una sofisticada red de cibercrimen que estafó millones de dólares a cientos de adultos mayores en Estados Unidos. El grupo fue desarticulado gracias a la Operación Discovery 2.0, que contó con el apoyo de organismos nacionales e internacionales de investigación.
El documento de acusación, entregado cerca de la medianoche de este lunes a la Secretaría General de la Jurisdicción Penal del distrito judicial de Santiago, contiene 950 páginas y más de 450 pruebas, incluyendo evidencias documentales, periciales y testimoniales.
Esta investigación fue conducida por la Fiscalía de Santiago en colaboración con la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional, la Policía de Nueva York y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos.
Las pruebas recabadas demuestran cómo los imputados, a través de estafas electrónicas, lograron desviar recursos del sistema de seguros y fondos de retiro de adultos mayores en Estados Unidos. Estas víctimas, trabajadores retirados, vieron desaparecer los ahorros acumulados durante años, destinados a garantizar su estabilidad económica.
Investigación compleja y red criminal sofisticada
La Operación Discovery 2.0 es considerada una de las investigaciones más complejas lideradas por la Fiscalía de Santiago en los últimos años. Un equipo multidisciplinario de peritos, fiscales y abogados especialistas analizó miles de documentos y llevó a cabo interceptaciones telefónicas para desmantelar esta organización delictiva. La red operaba con roles bien definidos entre sus integrantes, lo que facilitaba la planificación y ejecución de las estafas.
Entre los principales acusados que cumplen prisión preventiva desde la primera fase del proceso se encuentran Miguel Ángel Camilo Pérez, Erick Ángel Peña Núñez, Juan Armando Vásquez Ramírez, Freddy Urtarte, Hayler Andrés Olivarez Núñez y Kelvin Antonio Carmona Sánchez. Estos individuos enfrentan cargos por delitos como estafa, usurpación de identidad, intimidación y lavado de activos.
Imputados extraditados y decomiso de bienes
En colaboración con las autoridades de Estados Unidos, la Fiscalía de Santiago gestionó la extradición de varios acusados, incluyendo a Juan Rafael Peña Arias, José Ismael Diloné Rodríguez, Félix Manuel Reynoso Ventura, Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán y Miguel Ángel Vásquez. Estos imputados están siendo procesados en ese país por los delitos cometidos.
Además, la Fiscalía solicitó el decomiso de bienes materiales vinculados a la red, que incluyen vehículos, propiedades y dinero en efectivo, obtenidos a través de las estafas.
Impacto en la imagen de República Dominicana
Las estafas no solo afectaron económicamente a cientos de personas en Estados Unidos, sino que también representan un golpe a la imagen internacional de República Dominicana. Las autoridades sostienen que este tipo de delitos impacta negativamente en sectores clave como el turismo y las relaciones diplomáticas, así como en la estabilidad de las familias afectadas.
Uno de los líderes de la red, Claudio Santana o Claudio Mercedes, fue deportado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por violaciones a la legislación de ese país. La investigación reveló que la organización criminal operaba a través de cuatro centros de llamadas clandestinos, o "call centers", desde donde coordinaban las estafas a los adultos mayores.
Coordinación internacional y equipo especializado
La Operación Discovery 2.0 contó con la participación de más de 26 fiscales, 230 agentes de la Policía Nacional y un equipo especializado de la Procuraduría General de la República, que trabajó de manera conjunta con organismos internacionales. La labor de estos equipos fue fundamental para el desmantelamiento de una de las redes de cibercrimen más estructuradas y peligrosas que operaban desde República Dominicana.
El Ministerio Público continúa su lucha contra el cibercrimen, reforzando sus esfuerzos en coordinación con agencias internacionales, para prevenir que este tipo de delitos afecten la estabilidad económica y la seguridad de ciudadanos tanto nacionales como extranjeros.
