Fiscalía y Procuraduría enfrentan red criminal con millonarias incautaciones
La Vega, República Dominicana. 25 de septiembre de 2024. La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en conjunto con la Fiscalía de La Vega, presentó una acusación formal contra Melvin Castillo Hernández, Angélica Inés Tejada Hernández y la empresa de fachada White Castle Real Estate SRL. Esta estructura criminal está vinculada al tráfico ilícito de mercancías, defraudación tributaria y lavado de activos en la región de La Vega.
Castillo Hernández fue arrestado el pasado 20 de enero de 2024, tras una investigación de la Fiscalía de La Vega que lo relacionó con el almacenamiento de mercancías ilícitas. En un allanamiento en el sector del Estadio Olímpico de La Vega, las autoridades incautaron 112 aires acondicionados nuevos, cientos de botellas de bebidas alcohólicas, más de diez millones de pesos en efectivo, un arma de fuego y joyas de alto valor.
La Procuraduría Especializada Antilavado, a solicitud de la Fiscalía de La Vega, inició una investigación financiera que reveló un incremento abrupto en las cuentas bancarias de Castillo Hernández entre 2022 y 2024. Pasó de manejar tres mil pesos a movilizar un total de RD$585,586,839.98, además de otros RD$46,958,927.32 que no pudo justificar.
También se vinculó a la madre del acusado, Angélica Inés Tejada Hernández, como prestanombre, quien no pudo explicar el origen de estas grandes sumas de dinero. Juntos crearon una empresa sin operaciones reales, White Castle Real Estate SRL, utilizada como fachada para sus actividades ilícitas.
Durante las investigaciones, se realizaron cinco incautaciones adicionales, incluyendo una vivienda de tres niveles donde se almacenaban mercancías ilícitas y un colmado-drink. Las propiedades confiscadas están valoradas en aproximadamente veinticinco millones de pesos.
Los imputados enfrentan cargos por violación de varias leyes, entre ellas la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, la Ley 17-19 sobre Tráfico Ilícito de Mercancías, la Ley 168-21 sobre Contrabando y la Ley 11-92 de régimen tributario, así como la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02.
La magistrada Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Antilavado, y la fiscal de La Vega, Aura Luz García, afirmaron en un comunicado que la acusación es parte del compromiso de la justicia dominicana para enfrentar la criminalidad organizada. Además, señalaron que las pruebas son suficientes para obtener una condena ejemplar.
La investigación fue dirigida por el procurador fiscal Claudio Alberto Cordero Jiménez, quien destacó la colaboración de varias agencias en el desmantelamiento de esta red criminal.
