Las investigaciones comenzaron el 29 de abril de 2021, luego de que la Fiscalía de Peravia y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD),
Santo Domingo.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en conjunto con la Fiscalía de Peravia, presentó formal acusación y solicitud de apertura a juicio contra una presunta red criminal dedicada al tráfico internacional de drogas y armas, así como al lavado de activos. La organización operaba en la zona sur del país, teniendo como centro el municipio de Baní, provincia Peravia, y extendiéndose a las provincias de Barahona y Pedernales.
Las investigaciones comenzaron el 29 de abril de 2021, luego de que la Fiscalía de Peravia y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) incautaran 35 sacos de nylon con 872 paquetes que contenían 892.21 kilogramos de cocaína clorhidratada. Los paquetes estaban identificados con el logotipo "La Patrona" y fueron confirmados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
En un segundo operativo, se hallaron 26.4 kilogramos de cocaína en la residencia de Albertico Franklin Leyng y David Alberto Leug, este último actualmente prófugo tras escapar del Centro de Privación de Libertad (CPL) de Baní. Su pareja sentimental, la venezolana Leydimar del Carmen Prado, también se encuentra prófuga.
A solicitud de la Fiscalía de Peravia, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo activó una investigación financiera que permitió identificar a una organización que movía sumas exorbitantes de dinero en el sistema financiero nacional. En conjunto, lograron colocar RD$189,331,640.70 y retirar RD$144,141,549.07, gran parte de estos montos en efectivo.
La estructura estaba presuntamente liderada por once personas físicas y dos jurídicas, entre dominicanos, holandeses, venezolanos y arubeños. Los acusados son: Albertico Franklin Leung, Seymour Myron Whitfield, Ronny Anyolin Guerrero Reyes, Carmen Magdalena Ramírez Pérez, Jennifer Sahira Villafaña Pujols, Erick Fulgencio Mota, Julio Paulino Tineo, Alan Joseph Del Rosario Polanco, Isabel Emilia Báez Alcántara, Francisco Javier Martin García y Manuel Apolinar Báez Melo. Las empresas involucradas son Caribbean Sea Services SRL y Nuevo Orden Company SRL, las cuales supuestamente introducían al país grandes cantidades de drogas por vía marítima.
En la acusación, depositada en el Juzgado de la Instrucción de Peravia, el Ministerio Público también solicitó el decomiso de más de 12 vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos como teléfonos satelitales, joyas de alto valor y dinero en efectivo, entre otros objetos incautados durante la investigación.
Otros miembros de la estructura habrían movido sumas significativas de dinero. Ronny Guerrero manejó RD$54,265,680.89 y US$19,881.00; Erick Fulgencio Mota, RD$42,789,496.52; y Jennifer Sahira Villafaña Pujols, RD$37,608,371.74.
Durante la investigación, el Ministerio Público obtuvo pruebas materiales, documentales, periciales y testimoniales que, según indican, demuestran que los acusados habrían incurrido en tipologías de lavado de activos provenientes del narcotráfico y tráfico de armas.
Un primer grupo ya había sido acusado, integrado por Jhon Braulio Acuña Echavarría y Aidée Gabriela Hernández de Acuña, además de los prófugos David Alberto Leung Escudero y Leydimar del Carmen Lugo Prado. Este proceso se encuentra en la etapa de juicio en el Tribunal Colegiado de Peravia.
Por su participación en esta misma red, Jarick Patrick Steven Farro fue condenado a 20 años de prisión, pero falleció mientras cumplía su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
La magistrada Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y el fiscal titular de Peravia, Ángel Darío Tejeda Fabal, señalaron que esta acusación forma parte del combate al tráfico internacional de drogas y sustancias controladas. Destacaron que este flagelo representa una grave amenaza que compromete la salud pública, la convivencia pacífica y la integridad física de los dominicanos.
La investigación estuvo a cargo del procurador general de Corte de Apelación Pedro Medina Quezada, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
