Investigación profundiza en irregularidades del sistema semafórico capitalino
Santo Domingo.- El caso del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) ha dado un giro significativo en el ámbito judicial este miércoles, al intensificarse las acciones legales contra altos funcionarios del organismo. En un operativo conjunto, se allanó la residencia de Hugo Beras, exdirector de Intrant, y se detuvo a Jochi Gómez, encargado del sistema semafórico de la capital, en medio de acusaciones de irregularidades y corrupción.
La residencia de Hugo Beras fue objeto de un minucioso allanamiento por parte de las autoridades competentes. Esta información fue divulgada por Laura Acosta, abogada del exfuncionario, a través de una publicación en su cuenta de la red social X.
En su comunicado, Acosta denunció que durante el allanamiento, las fuerzas de seguridad impidieron el acceso a los abogados de Beras, negándoles la posibilidad de ingresar a la residencia y revisar las órdenes judiciales pertinentes.
“Normalmente no uso mis redes sociales para esto, pero debo informar que se está produciendo un allanamiento en la residencia de Hugo Beras y luego de que sus abogados llegáramos no nos permiten entrar a su casa a verlo ni ver las órdenes judiciales, a lo cual tenemos derecho”, afirmó la abogada.
Paralelamente, José “Jochi” Gómez-Canaán fue detenido tras ser sometido a un interrogatorio de más de tres horas en las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR). El abogado de Gómez, Hirohito Reyes, confirmó su detención al salir del Ministerio Público, asegurando que “está en calidad de detenido”.
Jochi, quien está vinculado a la empresa Transcore Latam, SRL, fue citado para esclarecer supuestas irregularidades en el proceso de licitación destinado a la modernización, ampliación, supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo.
La denuncia, presentada ante el Pepca por la Dirección General de Contrataciones Públicas, señala graves inconsistencias en la ejecución del procedimiento licitatorio.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran indicios de falsificación de documentos, una composición accionaria difusa que dificulta la identificación de los verdaderos beneficiarios, y movimientos sospechosos de accionistas que sugieren posibles manipulaciones internas.
Estas irregularidades ponen en duda la transparencia y legalidad del proceso, generando preocupación en la opinión pública y entre los actores del sector transporte.
El allanamiento a la residencia de Hugo Beras y la detención de Jochi Gómez reflejan una creciente determinación de las autoridades para erradicar prácticas corruptas dentro de entidades públicas clave como Intrant, en caso de que las hubiera.
Estos eventos no solo afectan la reputación de los involucrados, sino que también ponen en tela de juicio la gestión y administración del tránsito y transporte terrestre en el país.
La interferencia en el sistema semafórico de la capital, una infraestructura crucial para la movilidad urbana, resalta la gravedad de las acusaciones y la necesidad de una intervención efectiva para garantizar el buen funcionamiento y la confianza ciudadana en los servicios públicos.
El caso continúa desarrollándose mientras se espera la presentación formal de cargos y la continuación de las investigaciones por parte de la PGR.
