Ministerio Público desvela esquema de pagos ilegales durante la gestión del Dr. Freddy Hidalgo
Santo Domingo.-El Ministerio Público ha sacado a la luz un grave caso de corrupción en el sector de la salud pública dominicana, presentando pruebas ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que involucran pagos irregulares por más de RD$310 millones.
Las transacciones se realizaron durante la gestión del Dr. Wilfredo Lorenzo (Freddy) Hidalgo Núñez como ministro de Salud Pública en 2013, y están relacionadas con la compra fraudulenta de medicamentos de alto costo y material gastable. El esquema fue descubierto gracias a un informe especial de la Contraloría General de la República.
Compras sin respaldo legal y pagos millonarios
El fiscal Ernesto Guzmán Alberto, de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), destacó que los pagos millonarios se ejecutaron mediante solicitudes de dispensa ilegales, firmadas por el entonces contralor general de la República, Rafael Germosén, a petición del Dr. Freddy Hidalgo. Estas dispensas omitieron el proceso legal requerido para la adjudicación de compras, lo que facilitó la liberación de fondos sin los controles necesarios.
Uno de los auditores clave del caso, Amisael Félix Vicioso, detalló que las 25 órdenes de compra investigadas carecían de documentación esencial, como la publicación de la convocatoria en medios públicos y actas de adjudicación. Además, señaló que se aprobaron compras cuya fecha de solicitud de cotización coincidía sospechosamente con la fecha límite para la entrega de ofertas, lo que sugiere un proceso amañado.
Vicioso subrayó que, de los RD$310 millones desviados, más de RD$260 millones se destinaron a la compra de medicamentos de alto costo, mientras que RD$49 millones fueron utilizados para adquirir kits y material gastable para la Semana Santa de 2013.
Empresas involucradas y conexiones con Alexis Medina
Entre las empresas beneficiarias de estos contratos irregulares se encuentran General Medical Solution A.M., S.R.L. y Domedical Supply S.R.L., ambas vinculadas a Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, quien ya está bajo investigación por su implicación en la Operación Antipulpo, un vasto esquema de corrupción que desvió más de RD$4,500 millones del Estado dominicano.
Estas empresas fueron señaladas como receptoras de pagos por servicios que no cumplían con los requisitos legales, agravando las sospechas de una red de corrupción a gran escala en el ámbito de las compras públicas.
Testimonios y detalles de la auditoría
Durante la audiencia, el auditor Félix Vicioso explicó que las irregularidades no solo afectaban el proceso de compra, sino también el pago de los contratos. Según Vicioso, las compras se realizaron sin cumplir con la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, y las órdenes de pago fueron liberadas a pesar de la falta de documentación que justificara los procedimientos de urgencia.
Rosa Iris Fanis, otra auditora de la Contraloría General, señaló que, en varios casos, ni siquiera existía un informe pericial que respaldara la urgencia de las compras, lo que contraviene directamente los requisitos legales para estos procedimientos.
La testigo Carmen Magalys Baltazar Carpio, quien trabajó en la Consultoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), aportó un informe clave de una licitación pública para la compra de medicamentos de alto costo.
En su testimonio, Baltazar Carpio señaló que General Medical Solution A.M., S.R.L. no contaba con la autorización del fabricante del medicamento, lo que habría invalidado su participación en la licitación.
Implicaciones legales y continuación del juicio
El tribunal, presidido por la jueza Claribel Nivar Arias e integrado por las juezas Yissell Soto y Clara Sobeida Castillo, recesó la audiencia hasta el 7 de octubre, donde se espera que la defensa continúe con el contrainterrogatorio de la abogada Katherine Josefina Belén Peña.
Belén Peña, analista de verificación en la Cámara de Cuentas, presentó informes de fiscalización patrimonial que refuerzan las acusaciones contra el Dr. Freddy Hidalgo y el excontralor Rafael Germosén.
Este caso se enmarca en la Operación Antipulpo, una de las investigaciones más grandes de corrupción administrativa en la historia reciente de la República Dominicana, que ha implicado a altos funcionarios y empresarios en un esquema de desvío de fondos públicos.
Con la inclusión de pruebas contundentes, como los informes de auditoría y testimonios clave, el Ministerio Público busca establecer la responsabilidad de los implicados en el esquema de corrupción que permitió el desvío de más de RD$4,500 millones, afectando directamente el sistema de salud pública y los recursos del Estado.
