Tribunal de Jimaní decidirá mañana sobre condenas solicitadas
Independencia (R.D.), viernes, 4 de octubre de 2024.– El Ministerio Público ha solicitado al Tribunal Colegiado de Jimaní la imposición de penas de 30 y 20 años de prisión contra los acusados en la Operación Iguana, una operación que desmanteló una red criminal dedicada al tráfico ilícito de migrantes, delitos contra la administración pública, porte ilegal de armas y secuestro.
Tras concluir la presentación de cargos, el Ministerio Público propuso condenas de 30 años para Delson Manuel Medina Díaz, Juan Mateo Feliciano y Quelinton Eduardo Volquez Guzmán. Además, solicitó 20 años para Roberto Méndez Pérez, coordinador del puesto fronterizo en Jimaní de la Dirección General de Migración (DGM), así como para el inspector de Migración, Johan Rosario Castillo, y Deivi Novas Reyes. Por su parte, a Dominga Guzmán se le pidió una condena de 2 años de prisión suspendida por complicidad en el tráfico ilícito de migrantes.
Las procuradurías especializadas en Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), representadas por los fiscales Aleika Almonte, Jhensy Víctor y Miguel Crucey, formularon la solicitud ante los jueces Alejandro Antonio García Cruz, Elaine del Pilar Lluberes y Freidy Hernández White. El fallo está programado para el próximo jueves, 10 de octubre, a las 10:00 de la mañana.
La PETT, liderada por la procuradora general de corte Yoanna Bejarán Álvarez, ejecutó la Operación Iguana en 2022 mediante nueve allanamientos simultáneos en los municipios de Independencia, Bahoruco y Pedernales. Esta operación fue crucial para desarticular una red que utilizaba la frontera domínico-haitiana como centro de operaciones.
Durante los allanamientos, el Ministerio Público detuvo a los acusados y confiscó como evidencia siete vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, aproximadamente 116 mil pesos y 383 dólares, cientos de documentos y un arma de fuego calibre 9 milímetros.
El Proceso Judicial
La investigación penal comenzó en diciembre de 2021, con el apoyo del Departamento de Investigación de la Dirección General de Migración. Se recopilaron pruebas que vinculaban a los acusados con el tráfico ilícito de migrantes y el secuestro de dos mujeres y dos niñas de nacionalidad cubana. Además, se evidenció que la red utilizaba amenazas y chantajes para exigir sobornos, privando de libertad a las víctimas hasta recibir el pago necesario para su liberación.
Quelinton Eduardo Volquez Guzmán, según el expediente, utilizaba la casa de su madre, Dominga Guzmán, para retener a los migrantes hasta lograr el pago exigido o las condiciones necesarias para su liberación, contando con el conocimiento de ella.
El grupo criminal está acusado de múltiples violaciones a la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, el Código Penal Dominicano, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, y el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), además de la Ley 583 sobre Secuestro.
Impacto de la Operación Iguana
La Operación Iguana representó un golpe significativo a las actividades delictivas en la región, demostrando el compromiso del Ministerio Público y las procuradurías especializadas en combatir el crimen organizado y proteger los derechos de los migrantes y las víctimas de secuestro.
Con la decisión del Tribunal Colegiado de Jimaní programada para el próximo jueves, la comunidad y las autoridades esperan una resolución que refuerce la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y otros delitos asociados. Este caso subraya la importancia de la colaboración interinstitucional y la persistencia en las investigaciones para desmantelar redes criminales que operan en las fronteras y afectan la seguridad nacional.
Las próximas semanas serán determinantes para el desenlace de este proceso judicial, que podría sentar un precedente importante en la lucha contra el crimen organizado en la República Dominicana.
