Exdirector del Intrant y empresario acusados de corrupción en proyecto de semáforos
Santo Domingo. -El Ministerio Público de la República Dominicana depositó la noche del viernes una solicitud de medidas de coerción contra Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el empresario José Ángel Gómez (Jochi Gómez), y cinco personas más, acusados de estar involucrados en un esquema de corrupción relacionado con la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.
La coordinadora de Litigación del Ministerio Público, Mirna Ortiz, acompañada de un equipo de fiscales, entregó el expediente en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a las 7:46 p.m., detallando los cargos que implican a los imputados en presuntos actos de desfalco y fraude.
Acusaciones del Ministerio Público
Hugo Beras, según el informe del Ministerio Público, utilizó RD$1,200,000,000 del Instituto Dominicano de Aviación Civil (Idac) para financiar de manera ilícita el proyecto de modernización del sistema de semáforos.
El dinero fue entregado a la empresa Transcore Latam SRL, propiedad de Jochi Gómez, quien presuntamente se benefició de una licitación fraudulenta para ejecutar el proyecto.
El Ministerio Público señala a Beras como el responsable de facilitar este esquema financiero irregular, desviado desde una institución pública ajena al Intrant para asegurar la adjudicación del contrato a Transcore Latam SRL.
Este esquema fue detectado en un informe de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, emitido el 30 de agosto de 2024, que revela el modus operandi de la red delictiva.
Otros implicados y la red delictiva
Junto a Beras y Gómez, están involucrados Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant, Frank Rafael Díaz, Pedro Vinicio Padovani, Juan Francisco Álvarez y Carlos José Peguero Vargas. Todos permanecen bajo arresto en el Centro de Atención de Privación de Libertad de la Fiscalía del Distrito Nacional, mientras esperan la decisión sobre las medidas de coerción.
El expediente del Ministerio Público detalla una red dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación de documentos, coalición de funcionarios, contrabando, sabotaje de infraestructura crítica, y uso de tecnología avanzada para robar identidad.
Además del contrato fraudulento del Intrant, a Jochi Gómez se le acusa de otro esquema irregular con el Ministerio de Defensa y su empresa Aurix, firmado en junio de 2020. Dicho contrato ilegal permitió la usurpación de funciones críticas de organismos de seguridad del Estado.
Operación y allanamientos
La Operación, llevada a cabo la noche del 2 de octubre de 2024, resultó en múltiples allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. Aproximadamente 170 miembros de la Policía Nacional, unidades especiales y más de 30 fiscales especializados en crimen organizado participaron en los operativos, asegurando propiedades y empresas vinculadas a los acusados.
El caso ha generado un fuerte impacto en la opinión pública, dado que involucra a figuras conocidas del sector público y privado en uno de los proyectos de modernización más importantes de la ciudad.
El Ministerio Público continúa trabajando en nuevas investigaciones para desmantelar por completo la red de corrupción que, según las autoridades, ha causado graves daños económicos y sociales.
