Abogados necesitan expedientes físicos para preparar defensa adecuada
Santo Domingo.- El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, decidió aplazar la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra los imputados en el sonado caso Camaleón. La decisión se tomó luego de que varios abogados defensores solicitaran más tiempo para obtener los expedientes físicos del caso, argumentando que solo disponían de versiones digitales en memorias USB, algunas de las cuales presentaban fallos técnicos.
La nueva fecha para la audiencia ha sido programada para el próximo martes a las 2:00 p. m. Mientras tanto, los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva se encuentran abarrotados por familiares y amigos de los acusados, quienes esperan ansiosos poder ver a sus seres queridos y conocer el desenlace de este proceso legal que ha captado la atención nacional.
Los implicados en el caso Camaleón
En el expediente del Ministerio Público figuran destacados nombres del ámbito público y privado. Entre los acusados se encuentran:
• José “Jochi” Gómez-Canaán, propietario de las empresas Transcore Latam y Aurix S.A.S.
• Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant)
• Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant
• Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant
• Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant
• Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant
• Carlos José Peguero Vargas
Acusaciones graves de corrupción y crimen organizado
Según el Ministerio Público, los imputados forman parte de una red de corrupción y crimen organizado dedicada a una serie de delitos que incluyen desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica mediante el uso de alta tecnología y robo de identidad.
El pasado viernes, el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción contra los implicados en la Operación Camaleón. Además, los representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución Contra la Corrupción Administrativa (PEPCA) solicitaron la declaratoria de complejidad del proceso, debido a la magnitud y alcance de los delitos imputados.
Operación Camaleón: una redada exitosa
Durante la Operación Camaleón, se llevaron a cabo allanamientos en residencias y empresas ubicadas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. En el operativo participaron alrededor de 170 efectivos de la Policía Nacional, unidades especiales y más de 30 fiscales especializados en crimen organizado. Las autoridades consideran esta operación como una de las más exitosas en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en el país.
En los allanamientos se incautaron cientos de evidencias que, según el Ministerio Público, confirman las imputaciones contra los acusados. Entre las pruebas recolectadas se encuentran contratos fraudulentos para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo, acuerdos ilegales con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, y evidencias de sabotaje a la red semafórica ocurrido en el mes de agosto.
Imputaciones legales y delitos tipificados
Los imputados en la Operación Camaleón enfrentan cargos por una variedad de delitos tipificados en varias leyes dominicanas. Estos incluyen:
• Artículos 146, numeral 1 de la Constitución de la República Dominicana (proscripción de la corrupción)
• Artículos 123, 124 (coalición de funcionarios), 147, 150 y 151 del Código Penal dominicano (uso de documento privado)
• Artículos 171 y 172 (desfalco), 265 y 266 (asociación de malhechores)
• Artículo 405 (estafa en perjuicio del Estado dominicano) del Código Penal dominicano
• Artículos 11, 17, 27 y 28 de la Ley núm. 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, y actos de terrorismo)
• Artículos 5, 33, 34, 35, 36 de la Ley núm. 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados
• Artículos 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10 de la Ley núm. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
• Artículos 5, 8 letra F y 26 de la Ley núm. 267-08 sobre Terrorismo
• Artículos 66, 67 y 69 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados
La defensa solicita tiempo para prepararse
Los abogados defensores argumentaron ante el juez la necesidad de contar con los expedientes físicos para preparar adecuadamente su estrategia y gestionar sus presupuestos. Señalaron que la complejidad del caso y la cantidad de evidencias presentadas por el Ministerio Público requieren un análisis detallado que no es posible realizar con las copias digitales incompletas o defectuosas de las que disponen actualmente.
El juez Sena accedió a la petición de la defensa, entendiendo la importancia de garantizar el derecho a una defensa justa y adecuada para todos los imputados. La postergación de la audiencia permitirá a los abogados recopilar la documentación necesaria y preparar sus argumentos de manera exhaustiva.
Expectativas ante la nueva audiencia
La reprogramación de la audiencia ha generado diversas reacciones entre los familiares de los acusados y la opinión pública en general. Mientras unos ven en este aplazamiento una oportunidad para que la justicia actúe con mayor transparencia y rigor, otros temen que se trate de una estrategia dilatoria para entorpecer el proceso.
El próximo martes, todas las miradas estarán puestas en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se espera que el juez Rigoberto Sena decida sobre las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público y la declaratoria de complejidad del caso.
Un caso que pone a prueba el sistema judicial
El caso Camaleón representa un desafío significativo para el sistema judicial dominicano. La magnitud de las acusaciones y la implicación de altos funcionarios públicos y empresarios prominentes ponen a prueba la capacidad de las instituciones para enfrentar la corrupción y el crimen organizado.
Las autoridades han expresado su compromiso de llevar adelante el proceso con apego a la ley y respeto a los derechos de los imputados. Por su parte, la sociedad dominicana espera que este caso siente un precedente en la lucha contra la impunidad y refuerce la confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia.
La próxima audiencia será crucial para determinar el rumbo que tomará este complejo caso. Mientras tanto, los acusados y sus defensores disponen de unos días adicionales para preparar su estrategia legal. La atención nacional e internacional se centra en este proceso, que podría marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción en la República Dominicana.
