Se espera nuevos imputados y medidas de coerción más severas
El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), presentó este sábado un total de 245 pruebas en el marco de la Operación Camaleón, una redada contra la corrupción y el crimen organizado que involucra altos funcionarios y empresarios.
Según informó Wilson Camacho, titular de la PEPCA, la magnitud de las pruebas respalda la solicitud de prisión preventiva, esperando que el tribunal imponga la pena máxima prevista en el Código Procesal Penal.
Prisión preventiva y nuevas imputaciones
“Esperamos que el tribunal nos otorgue el máximo de prisión preventiva, conforme a la gravedad de los delitos imputados”, señaló Camacho al concluir la audiencia.
Entre los delitos mencionados se incluyen desfalco, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, lavado de activos y sabotaje a infraestructuras críticas, como el sistema de semaforización del Gran Santo Domingo.
Además, el Ministerio Público sigue recopilando pruebas adicionales, lo que podría derivar en la incorporación de nuevos imputados en las próximas semanas, así como nuevas imputaciones relacionadas con sobornos y otros actos ilícitos dentro de la red criminal desmantelada.
Aplazamiento de la audiencia
La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional decidió aplazar la audiencia hasta el martes 8 de octubre, para permitir que los abogados defensores estudien la vasta cantidad de pruebas presentadas por el Ministerio Público y preparen sus alegatos.
Operación Camaleón: un caso complejo
El Ministerio Público solicitó que el caso sea declarado complejo, debido a la magnitud de las pruebas y la participación de múltiples imputados en una serie de delitos que afectan la estabilidad institucional del país.
Entre los principales acusados figuran Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), y otros funcionarios de alto nivel, así como empresarios implicados en contratos fraudulentos y sabotaje tecnológico.
Camacho destacó que uno de los contratos más cuestionados está relacionado con la modernización del sistema de semaforización en Santo Domingo, en el cual se cometieron irregularidades que afectaron la infraestructura vial durante meses. “La gravedad de los crímenes y la cantidad de pruebas recabadas nos han permitido posicionar esta operación como una de las más exitosas contra el crimen organizado”, agregó.
Participación del crimen organizado
La red de corrupción no solo afectaba a organismos estatales, sino que también tenía vínculos con estructuras del crimen organizado. Durante los allanamientos, que se llevaron a cabo en varias localidades del país, incluidos el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana, se incautaron evidencias clave, como contratos falsificados y documentos financieros que vinculan a los imputados con actividades ilícitas.
La Operación Camaleón ha sido el resultado de una colaboración entre la Policía Nacional, unidades especiales y fiscales especializados en delitos de alta tecnología, quienes coordinaron un operativo con más de 170 agentes y 30 fiscales.
Este esfuerzo ha permitido recolectar una serie de pruebas que no solo corroboran las acusaciones, sino que también podrían abrir nuevas líneas de investigación contra otros actores aún no procesados.
Sobornos y desfalco al Estado
Una de las principales pruebas presentadas en la audiencia fue un contrato fraudulento entre el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix S.A.S., dirigida por José Ángel Gómez Canaán (Jochi), para la modernización del sistema de semáforos.
Según el Ministerio Público, dicho contrato fue parte de un esquema de sobornos que permitía desviar fondos públicos y asignar contratos millonarios a empresas vinculadas a los imputados.
Además, se presentaron evidencias relacionadas con el sabotaje al sistema de semaforización en el mes de agosto, cuando la red semafórica del Gran Santo Domingo colapsó debido a intervenciones ilícitas. “No solo estamos hablando de estafa al Estado, sino de un atentado directo contra la seguridad vial de los ciudadanos”, afirmó Camacho.
Los cargos y la posible ampliación del proceso
Los imputados enfrentan cargos graves que abarcan una amplia gama de delitos, como la proscripción de la corrupción (artículo 146 de la Constitución), coalición de funcionarios, uso de documentos privados, desfalco, estafa en perjuicio del Estado, asociación de malhechores y lavado de activos.
Además, se les acusa de actos de sabotaje, contrabando, robo de identidad y terrorismo, tipificados en diversas leyes dominicanas, como la Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología y la Ley 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
La gravedad de los cargos y el volumen de pruebas presentadas refuerzan la solicitud del Ministerio Público de que el caso sea declarado complejo, permitiendo así una investigación más exhaustiva y un mayor tiempo para preparar la acusación formal. Además, el Ministerio Público no descarta la posibilidad de presentar nuevas imputaciones contra otros involucrados, a medida que las investigaciones continúan.
¿Qué sigue en el proceso?
El aplazamiento de la audiencia hasta el 8 de octubre permitirá a la defensa analizar las pruebas y presentar sus argumentos. Mientras tanto, el Ministerio Público sigue trabajando en la recolección de más evidencias y espera que el tribunal conceda el máximo de prisión preventiva para garantizar que los imputados no eludan la justicia.
La Operación Camaleón marca un hito en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en la República Dominicana, sentando un precedente para futuros casos de gran envergadura.
