La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional decidió ayer enviar a prisión preventiva por un año a ocho de los diez imputados en la operación Búfalo NK, acusados de integrar una red internacional de narcotráfico con conexiones en Colombia, Puerto Rico y la República Dominicana. Esta decisión se basa en la complejidad del caso y la gravedad de los delitos involucrados.
El juez Rigoberto Sena dictó la medida contra Rafael Ynoa Santana (El Cojo), Isidoro Rotestan Clase, Juan Bolívar Hernández, José Antonio Toribio, Juan Henrique Tavarez, Severiano Núñez Pichardo, Robert Nicolás Acosta Adames y Cristian Esteban Alcántara Javier. Por su parte, Germania Mercedes Natali Román y Maritza Flete Santana recibirán medidas cautelares que incluyen impedimento de salida y garantías económicas de 500,000 y 200,000 pesos, respectivamente.
Rafael Ynoa Santana, señalado como el cabecilla de la organización, cumplirá su medida cautelar en la cárcel de La Romana, mientras que el resto de los imputados será trasladado al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Surelis Jáquez, Andrés Mena y Emmanuel Ramírez, consideró que la decisión del juez es un paso significativo en la lucha contra el narcotráfico, resaltando la solidez de las pruebas presentadas.
Durante la audiencia, tres de los imputados, incluyendo a Ynoa Santana y su pareja, Germania Mercedes, así como Maritza Flete, admitieron su culpabilidad en los hechos que se les imputan.
Este reconocimiento refuerza las evidencias recopiladas por el Ministerio Público, que ha presentado un expediente de más de 200 páginas detallando las operaciones de la red.
Los fiscales describieron el caso como una estructura delictiva altamente organizada, con implicaciones que abarcan delitos de lavado de activos y asociación de malhechores.
Esta operación ha puesto de manifiesto la capacidad de las autoridades para desmantelar redes criminales que operan a nivel internacional, lo que representa un avance importante en la lucha contra el narcotráfico en el país.
La prisión preventiva dictada establece un precedente en la jurisprudencia dominicana en cuanto a la severidad con la que se enfrentarán los delitos de esta magnitud.
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