Nueva legislación afectará a industrias con incentivos y regímenes tributarios especiales
Santo Domingo.- La propuesta de Ley de Modernización Fiscal presentada por el Ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, ha generado un debate significativo en la comunidad empresarial de la República Dominicana. La reforma, que tiene como objetivo modernizar el sistema tributario y reducir la dependencia del país en el endeudamiento, introduce cambios que impactarán directamente a varios sectores económicos que actualmente se benefician de incentivos fiscales y regímenes tributarios especiales.
Uno de los principales sectores que se verá afectado por esta reforma es el sector turístico, que históricamente ha gozado de incentivos sustanciales bajo la Ley de Incentivo al Desarrollo Turístico (CONFOTUR). Esta ley, promulgada en 2001, ha sido fundamental para atraer inversiones en infraestructura turística y hotelera en el país. Sin embargo, la nueva propuesta plantea la eliminación gradual de estos incentivos fiscales, lo que podría influir en la rentabilidad de futuros proyectos turísticos y en la competitividad de la industria frente a otros destinos del Caribe.
Otro sector que experimentará cambios es el de la industria cinematográfica, la cual se ha beneficiado desde 2010 con la Ley de Fomento a la Actividad Cinematográfica (Ley de Cine). Esta legislación ha permitido el crecimiento exponencial de la producción cinematográfica local y ha atraído a numerosas producciones internacionales. Según la nueva reforma, el gobierno propone eliminar los beneficios fiscales otorgados a las producciones cinematográficas, lo que podría dificultar la atracción de inversiones extranjeras en este sector y reducir el volumen de proyectos cinematográficos en el país.
El sector industrial y manufacturero también enfrenta un panorama desafiante con la reforma. Las industrias acogidas a la Ley de Competitividad e Innovación Industrial de 2007 y a la Ley de Desarrollo de la Cadena Textil verán modificados sus tratamientos fiscales preferenciales. Estas leyes han jugado un papel crucial en la dinamización de la producción industrial del país, especialmente en la manufactura de textiles y confecciones. Con la eliminación de estos beneficios, las empresas de este sector podrían enfrentar mayores costos operativos, lo que pondría en riesgo su competitividad tanto en el mercado local como en el internacional.
Asimismo, la industria de zonas francas y las empresas logísticas se verán impactadas por los ajustes propuestos en la Ley de Modernización Fiscal. Las empresas que operan en parques de zonas francas, que se dedican mayormente al alquiler de inmuebles y provisión de servicios, perderán algunos de sus beneficios fiscales actuales. Además, las empresas de zonas francas que realicen ventas en el mercado local tendrán que declarar un 5% de sus ingresos o hacer una declaración jurada por los beneficios obtenidos, lo que podría afectar sus márgenes de ganancia.
El sector energético también estará bajo el escrutinio de la reforma, especialmente en lo que respecta a las exenciones otorgadas para la importación de combustibles fósiles. Aunque estas exenciones se mantendrán para las empresas que suministran energía al sistema eléctrico nacional interconectado, se limitarán en otros casos. Esta medida podría tener implicaciones para las empresas que dependen de combustibles importados, aumentando sus costos de operación y afectando su capacidad para ofrecer precios competitivos.
Además, las empresas tecnológicas y servicios digitales estarán sujetas a nuevas obligaciones fiscales con la implementación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para servicios digitales. Esto incluye plataformas de streaming, servicios de suscripción en línea, y otras soluciones digitales que hasta ahora estaban fuera del alcance del impuesto. Esta medida busca alinear el sistema tributario dominicano con los estándares internacionales, aunque también podría implicar mayores costos para los consumidores y las empresas proveedoras de estos servicios.
La reforma también propone cambios importantes para el sector de las telecomunicaciones y las empresas que dependen de importaciones. Se eliminarán algunos tratamientos preferenciales en la importación de ciertos productos, lo que podría traducirse en un aumento de precios para dispositivos tecnológicos y electrónicos en el mercado local.
Uno de los puntos más críticos de esta reforma es la eliminación de las exenciones a las asociaciones sin fines de lucro que operan bajo ciertos beneficios fiscales. Aunque seguirán exentas del Impuesto sobre la Renta siempre y cuando sus beneficios no se distribuyan como dividendos, perderán otros privilegios fiscales que podrían afectar su capacidad para financiar proyectos sociales y comunitarios.
El ministro Vicente también anunció que se realizarán cambios en el Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI), ajustando el mínimo exento a valores más bajos y revalorizando los inmuebles para alinearlos con los precios actuales de mercado. Esta medida impactará a personas físicas con propiedades de alto valor y podría tener efectos indirectos en el sector inmobiliario, particularmente en desarrollos de lujo.
La Ley de Modernización Fiscal tiene como objetivo reestructurar el sistema tributario dominicano para hacerlo más equitativo y eficiente, pero también plantea desafíos significativos para varios sectores empresariales que han dependido de incentivos y exenciones fiscales para su crecimiento. El impacto de estas medidas dependerá en gran medida de la capacidad de adaptación de las empresas afectadas y de las estrategias que implementen para mantener su competitividad en el nuevo entorno fiscal del país.
El sector empresarial ha reaccionado con preocupación ante estos cambios, resaltando que una eliminación abrupta de los incentivos podría frenar la inversión y el desarrollo económico en diversas áreas estratégicas. Sin embargo, el gobierno sostiene que estas reformas son necesarias para garantizar una economía más sólida y sostenible en el largo plazo.
