Reforma de modernización fiscal: impacto económico y social

Cambios fiscales propuestos redefinen la economía y el bienestar social del país

Santo Domingo.- La reciente presentación de la Reforma de Modernización Fiscal por parte del Ministro de Hacienda de la República Dominicana, José Manuel "Jochy" Vicente, ha generado un amplio debate sobre sus posibles implicaciones económicas y sociales. Esta reforma propone cambios estructurales en el sistema tributario dominicano, con el objetivo de sanear las finanzas públicas, reducir la dependencia del endeudamiento y fomentar un crecimiento económico más inclusivo. Sin embargo, su impacto en diversos sectores plantea tanto desafíos como oportunidades.

Impacto económico: redistribución de la carga tributaria

Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es su enfoque en la redistribución de la carga tributaria. La propuesta busca eliminar ciertos incentivos fiscales que han beneficiado históricamente a sectores como el turismo, la industria cinematográfica, las zonas francas y la manufactura, para redirigir esos recursos hacia inversiones en infraestructura, salud y educación. Esta medida podría generar un aumento en las recaudaciones fiscales y, al mismo tiempo, fomentar un uso más eficiente de los recursos públicos.

No obstante, la eliminación de estos incentivos ha provocado preocupación en la comunidad empresarial. Las industrias afectadas advierten sobre un posible impacto negativo en la inversión y en la competitividad del país frente a otros mercados de la región. La reducción de estos beneficios fiscales podría encarecer los costos operativos de las empresas, lo que a su vez repercutiría en su capacidad para atraer capital extranjero y generar empleo.

El gobierno defiende estas medidas argumentando que la Ley de Modernización Fiscal es necesaria para garantizar una economía más sostenible y menos dependiente de la deuda pública. En el presupuesto de 2024, se destinan RD$263 mil millones al pago de intereses de la deuda, lo que representa un 22% del presupuesto total. Reducir esta carga es crucial para liberar recursos que puedan ser invertidos en áreas prioritarias como infraestructura, salud y seguridad ciudadana.

Impacto social: atención a sectores vulnerables

En el ámbito social, la reforma se presenta como una oportunidad para fortalecer el apoyo a los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. El ministro Vicente ha destacado que uno de los principales objetivos es mejorar la protección social, con un enfoque en la ampliación de programas de ayuda y el incremento del salario mínimo para los trabajadores del sector público y privado. Este aumento del gasto social se traducirá en una mejora directa de las condiciones de vida de miles de dominicanos que dependen de estos programas.

La asignación al programa Aliméntate, por ejemplo, aumentará de RD$1,650 a RD$2,000 mensuales, lo que representa un incremento del 21%. Además, se destinarán recursos para incrementar el salario mínimo en el sector público, elevándolo de RD$10,000 a RD$15,000. Estas medidas buscan no solo apoyar a las familias de bajos ingresos, sino también estimular la economía mediante un mayor poder adquisitivo de los ciudadanos.

Otra área de impacto social significativo es la inversión en infraestructura de transporte y servicios básicos. Proyectos como el Tren Metropolitano y el Teleférico de Santo Domingo tienen como objetivo mejorar la movilidad urbana y reducir los tiempos de desplazamiento para miles de ciudadanos. Además, se planea un aumento en la asignación presupuestaria a los ayuntamientos para fortalecer la gestión de residuos sólidos y el desarrollo de obras comunitarias en distintas regiones del país.

Beneficios y desafíos para el sector empresarial

La reforma de modernización fiscal también presenta desafíos y oportunidades para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en República Dominicana. Por un lado, la eliminación de ciertos incentivos podría representar una carga adicional para las empresas consolidadas que dependen de beneficios fiscales para mantener su competitividad. Por otro lado, la reforma propone la reestructuración del Régimen Simplificado de Tributación (RST) para facilitar el cumplimiento fiscal de las micro y pequeñas empresas, eximiéndolas del pago del Impuesto sobre la Renta durante sus primeros tres años de operación.

Este enfoque hacia la simplificación tributaria y el apoyo a las PyMEs es una estrategia clave para fomentar el emprendimiento y estimular la creación de empleo. Al facilitar la entrada al mercado de nuevos negocios y reducir las barreras fiscales, el gobierno espera dinamizar la economía local y aumentar la base de contribuyentes en el largo plazo.

Perspectivas y retos futuros

La Ley de Modernización Fiscal es una apuesta audaz por redefinir el modelo económico de la República Dominicana, buscando un equilibrio entre el desarrollo social y la sostenibilidad fiscal. Sin embargo, su implementación no está exenta de retos. El éxito de la reforma dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno para mantener un diálogo abierto con el sector privado y otros grupos de interés, así como de su disposición para ajustar medidas que puedan ser perjudiciales para ciertos sectores.

El impacto en el empleo, la inversión extranjera y el bienestar social serán indicadores clave para evaluar el éxito de esta reforma. A medida que la República Dominicana se enfrenta a desafíos globales y económicos, la Ley de Modernización Fiscal podría ser el catalizador necesario para construir una economía más justa, equitativa y resiliente. No obstante, el proceso de implementación y la reacción de los sectores afectados determinarán si el país puede realmente alcanzar los objetivos planteados por el Ministro Vicente y el equipo económico del gobierno.

La Reforma de Modernización Fiscal tiene un enfoque integral que apunta a una mayor justicia económica y a un uso más eficiente de los recursos públicos, también plantea desafíos considerables para sectores estratégicos. Será esencial encontrar un equilibrio que permita avanzar hacia un modelo económico más sostenible sin comprometer el crecimiento y desarrollo de las industrias que han sido pilares de la economía dominicana.