Arismendi Díaz Santana expone las inequidades del plan de pensiones de los maestros
El sistema de pensiones del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA) ha logrado acumular el 11.1% del patrimonio total del sistema dominicano de pensiones, pese a contar con solo el 6% de los cotizantes señaló el economista Arismendi Díaz Santana.
Díaz Santana subraya las profundas desigualdades que genera este modelo, donde miles de envejecientes en pobreza extrema esperan por una pensión solidaria de apenas 6,000 pesos, mientras más de 120,000 pensionados estatales ven cómo se deteriora su calidad de vida por la falta de actualización de sus pensiones, tal y como lo establece la Ley 87-01.
A esto se suma la crítica de que muchos pensionados carecen de seguro de salud, mientras el Estado desembolsa sumas millonarias para cubrir las pensiones del INABIMA al margen de la ley, ampliando las brechas de desigualdad, indicó Díaz Santana en la segunda entrega de su artículo titulado "No a la Piñata Previsional", enviado en DiarioDigitalRD.
Un plan de privilegios insostenibles
El plan de pensiones del INABIMA, que garantiza una pensión del 100% tras 30 años de cotización sin límite de edad, y hasta el 85% con 20 años de servicio y 60 de edad, es descrito por el experto en seguridad social como un “privilegio irritante”.
Dijo que el monto promedio que aporta un maestro en 30 años es de poco más de 7.6 millones de pesos, mientras que el Estado debe desembolsar más de 11 millones, generando un déficit de más de 4 millones de pesos por cada cotizante.
Este déficit, que afecta a los 129,455 maestros afiliados, proyecta una carga fiscal insostenible en las próximas décadas. Según Díaz Santana, el déficit acumulado para las futuras generaciones de pensionados del INABIMA alcanzará los 1.6 billones de pesos, comprometiendo gravemente el 4% del presupuesto destinado a la educación, lo cual competirá con la deuda externa del país.
Impacto en la equidad social
El economista también destaca que, mientras la calidad educativa en el país sigue siendo cuestionada tras una década de inversión del 4% del PIB en educación, los maestros disfrutan de pensiones financiadas en su totalidad por el Estado.
Advierte que ese privilegio no solo multiplica las desigualdades dentro del sistema de pensiones, sino que reduce los fondos disponibles para las pensiones solidarias dirigidas a los envejecientes más vulnerables del país.
Un modelo que no puede replicarse
El sistema de INABIMA, considera Díaz Santana, es irrepetible a nivel nacional debido a su enorme carga fiscal. Replicar este modelo para toda la población supondría un incremento en las cotizaciones hasta un 20%, lo que arruinaría a pequeñas y medianas empresas y elevaría aún más los impuestos.
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Además, este tipo de pensiones solo puede beneficiar a sectores muy poderosos, excluyendo al personal técnico y administrativo del sistema educativo.
Una valuación actuarial de 2018 reveló que, de mantenerse el esquema actual, el gasto en pensiones y jubilaciones podría representar hasta el 17% del presupuesto del Ministerio de Educación para el año 2050, lo que comprometería aún más los recursos públicos.
¿Es hora de reformar el sistema?
El artículo concluye con una reflexión crítica sobre la necesidad de una reforma fiscal que elimine estos privilegios y redirija los recursos a los sectores más necesitados.
Según Díaz Santana, el Estado no solo está obligado a aportar el 8% como empleador, sino que además cubre íntegramente las pensiones del INABIMA durante 30 años, una situación que perpetúa las desigualdades y priva a miles de dominicanos de sus derechos legítimos.
El economista plantea la urgencia de revisar este sistema para evitar que las pensiones de un sector privilegiado continúen socavando los derechos de los más vulnerables.
¿Se incluirá esta revisión en una futura reforma fiscal? La pregunta queda abierta.
