La coyuntura pudiera debilitar la autoridad de un gobernante que apenas inicia su segundo último cuatrienio.
El presidente Luis Abinader tiene razón en cuanto a la urgencia de la reforma. A los sectores productivos, servicios, de clase media y populares les sobran razones para reclamar ajustes y precisión en la puntería fiscal gubernamental.
Llegó el lobo, y aunque el gobierno trató de amolarle los colmillos, su mordida se percibe muy abarcadora en ámbitos sensitivos y de alto impacto en artículos de consumo diario, generación de divisas y de empleos, ahorros e inmuebles modestos.
Las consecuencias en la inversión extranjera es un elemento que los diseñadores económicos oficiales deben ponderar, fundamentalmente en turismo, zonas francas y producción cinematográfica.
Pese a los premios internacionales en turismo y con proyectos en carpeta e iniciados, compromisos para desarrollo de zonas geográficas, abundante los convincentes datos disuasorios, el plumazo asolador de los tecnócratas no se contuvo.
La oposición, congresualmente desarticulada y con desventajas ostensibles en la agenda nacional, ha encontrado un festín en el planteamiento de reforma fiscal, más contundente por su retraso de 12 años, aunque solo asume la mitad de la necesidad de recaudación, estimada en un 3 por ciento del PIB. Casi todo el mundo inconforme, sin los recursos necesarios para fuertes inversiones que traigan cierto alivio o felicidad a la vuelta de dos años. Este es el drama.
Entonces, sin echar a un lado la responsabilidad de la gestión de un país, es tiempo de ir más allá de la aritmética de recaudación de los técnicos y ver la necesidad de la reforma de manera más integral, en función de nuestras propias realidades socioeconómicas, que distan de esquemas de países altamente desarrollados.
Los nombres de los técnicos reformadores son olvidados, y solo recordamos, para bien o para mal, al presidente que encabezaba el país, validado por millones de votantes, por lo que corresponde a Abinader liderar el actual proceso de validación nacional del proyecto denominado modernización fiscal.
El mandatario animó a inversionistas locales y extranjeros en encuentros abiertos y privados a participar en proyectos, con todo el apoyo oficial, que ahora quedan en la incertidumbre.
Abinader no debe dejar la tarea solo a los legisladores, algunos que podrían tener sus agendas grupales e individuales, no necesariamente coincidente con los intereses del mandatario, obligado constitucionalmente a velar por el colectivo nacional.
De esta manera el proyecto final resultante sería más coherente con la concepción global del ejecutivo y su equipo de gobierno, evitando parches que en el pasado han convertido algunas propuestas fiscales en verdaderos Frankenstein.
Hay sectores que se juegan su existencia de aprobarse la propuesta oficial como fue anunciada y tratarán de lograr cambios utilizando todas sus armas.
Numerosos congresistas dicen que, contrario a Abinader que sale del juego electoral en 1928, ellos están obligados a mantenerse en sus curules y eso les obliga a distanciarse de algunos sacrificios que asume el mandatario.
Esto se agrava, porque muchos de los congresistas están alineados con proyectos presidenciales en el Partido Revolucionario Moderno, que están en la calle y centrados en el tiempo electoral.
Incluso hay asesores recomendando a los aspirantes que “cojan y dejen” de las reformas y que atiendan a los intereses que las enfrentan.
La coyuntura pudiera debilitar la autoridad de un gobernante que apenas inicia su segundo último cuatrienio, con negativo impacto a la vida institucional.
Abinader sometió las reforma constitucional (que hoy se aprobaría en una segunda lectura definitiva con variaciones), fiscal, bajo fuerte debate, y la laboral, que molestó a los empleadores por la ausencia de eliminación de la cesantía. El Congreso también está apoderado del proyecto de presupuesto del 2024 y espera la propuesta de modificaciones a la Ley de Seguridad Social.
