El Ministerio Público expone irregularidades por más irregularidades durante la transición presidencial.
SANTO DOMINGO (R.D.) – Este lunes, el Ministerio Público presentó cinco nuevos testigos en el juicio que investiga un entramado de corrupción que ha estafado al Estado dominicano con más de RD$4,500 millones. Estos implicados utilizaron empresas vinculadas a los principales acusados para obtener contratos fraudulentos que según la acusación han dejado una herida profunda en el erario nacional.
La primera en tomar la palabra fue Rosanna Ramírez Paulino, quien aportó pruebas sobre la entrega de equipos médicos por parte de la empresa Domedical Supply, S.R.L., relacionada con el acusado Alexis Medina.
En su declaración, Ramírez Paulino presentó conduces de entrega de equipos en el Hospital Municipal Santo Cristo de los Milagros, en Bayaguana, demostrando el incumplimiento en la instalación real de los mismos, que debería haber sido supervisada por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
La testigo Marlín Elizabeth Ledesma Vásquez reveló que en el Hospital Toribio Bencosme, provincia Espaillat, solo recibió una fracción de los equipos prometidos por Domedical Supply, S.R.L. Su declaración fue respaldada por un informe que documenta la falta de entrega de cientos de equipos, evidenciando el incumplimiento del contrato por parte de la empresa.
A continuación, el perito de informática forense del INACIF, Arys A. Emeterio Ramos, presentó 11 informes periciales sobre equipos electrónicos y dispositivos incautados durante la Operación Antipulpo, reforzando así la evidencia de la magnitud del fraude.
En tanto, Claudia María Cabral Dalder, directora de reconocimiento de deuda administrativa del Ministerio de Hacienda desde 2020, fue otro testigo clave. Ella trajo a la mesa una certificación de siete solicitudes de pago a favor de Domedical Supply, S.R.L., por un asombroso total de RD$922,074,848.60.
Estas solicitudes, dirigidas al entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, fueron procesadas en un tiempo récord de solo siete días, un hecho inusual que genera suspicacias, ya que normalmente este tipo de trámites toma alrededor de dos meses.
Cabral Dalder hizo hincapié en que los expedientes de pago estaban incompletos, sin registros de contratos ni informes de supervisión, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia de las operaciones.
Finalmente, el testigo Bienvenido Celestino Dumé declaró que su nombre fue utilizado de manera fraudulenta en tres conduces de entrega de AC30 al Consorcio Tecnológico de la Construcción, donde se le identificaba como el chofer que transportó los materiales.
Dumé aclaró que nunca realizó esos viajes, ya que en 2018 trabajaba para una empresa privada. Su declaración se apoyó en una experticia caligráfica del INACIF, que corroboró que la firma en los documentos no era la suya y que no tenía relación alguna con esas transacciones fraudulentas.
La audiencia se reanudará el próximo miércoles 23 de octubre, tras la recesión ordenada por las juezas Claribel Nivar Arias, Arlín Ventura Jiménez y Yissel Soto Marte del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
