Tropas dominicanas en la frontera con Haití
En solo 20 días, la Dirección General de Migración de República Dominicana ha repatriado a 27,352 haitianos en situación migratoria irregular, una acción que ha generado fuertes críticas desde el gobierno de Haití y diversos sectores internacionales que califican la medida como racista y discriminatoria.
La política, que inició el 3 de octubre, busca deportar hasta 10,000 migrantes por semana, un objetivo que ha sido respaldado por el gobierno dominicano pero rechazado por organismos internacionales y la nación vecina.
De los 27,352 haitianos expulsados, 25,392 fueron deportados tras operativos de control migratorio en todo el territorio dominicano, mientras que 1,960 fueron rechazados en la frontera.
A esa cifra se suman 8,721 haitianos que regresaron voluntariamente a su país, buscando evitar las duras condiciones de las deportaciones masivas.
Haití exige respete los derechos
La Cancillería de Haití que dirige Dominique Dupuy, ha pedido al gobierno dominicano que respete los derechos de los niños y otros grupos vulnerables involucrados en estas deportaciones, enfatizando la necesidad de cumplir con los tratados internacionales sobre derechos humanos.
Según el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Haití, "Deben ser respetados los derechos inalienables de todos los niños, mujeres y hombres objeto de esta lamentable decisión".
El 10 de octubre, Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, instó al gobierno de Luis Abinader a suspender las deportaciones debido a la violencia e inestabilidad en Haití.
El riesgo de abrir frontera
Sin embargo, el Ministro dominicano de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, ha desestimado estas críticas, calificando la solicitud de detener las deportaciones como "insensata" y argumentando que abrir la frontera a la migración irregular es un riesgo inaceptable para la seguridad y estabilidad de República Dominicana.
Aseguró que respetan los derechos de los ciudadanos haitianos repatriados.
Sin embargo, Álvarez rechazó el llamado, afirmando que detener las deportaciones sería equivalente a "declarar una frontera abierta", lo que solo aumentaría la migración irregular hacia República Dominicana.
Álvarez, en una reunión reciente en la ONU sobre la crisis haitiana, mencionó la masacre de 115 personas en Pont-Sondé como prueba de la creciente inseguridad en Haití y advirtió sobre el peligro de permitir un flujo migratorio sin control.
La tensión entre ambas naciones sigue escalando, mientras República Dominicana avanza con su plan de deportación masiva, enfrentando la presión de la comunidad internacional pero manteniéndose firme en su postura de proteger su soberanía.
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