Acusan al gobierno de violar leyes de transparencia en contrataciones
Santo Domingo – La Fuerza del Pueblo (FP) ha levantado la voz en oposición a la reciente designación de Carlos Pimentel como Director Ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, advirtiendo que esta acción es ilegal. Raúl Martínez, secretario de Asuntos Jurídicos del partido, argumentó que el decreto núm. 614-2024 que confiere este cargo a Pimentel no lo exime de su puesto actual como Director General de Contrataciones Públicas, lo que contraviene la Ley núm. 47-20.
Martínez señaló que la ley establece que el Director Ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas debe desempeñar su función de manera exclusiva, con la única excepción de actividades docentes.
“El artículo 19.6 de la ley es contundente; no se puede mantener simultáneamente ambos cargos. Aun si renunciara al salario de la Dirección de Contrataciones Públicas, no puede ejercer ambas funciones”, afirmó.
El dirigente político también destacó la incongruencia de permitir que una misma persona ocupe ambos puestos, ya que la Dirección de Contrataciones Públicas es responsable de fiscalizar los procesos de contratación que realiza la Dirección de Alianzas Público-Privadas. “Tendríamos al mismo funcionario en ambos lados de la mesa, un claro conflicto de interés”, añadió.
La FP hizo hincapié en que la Dirección General de Alianzas Público-Privadas es una entidad autónoma y descentralizada, con un patrimonio y recursos propios, según se establece en la ley. El director tiene la responsabilidad de administrar estos recursos, lo que plantea un escenario problemático si también controla los procesos de contratación pública. “Es insólito que el mismo funcionario evalúe los mismos procesos que administra”, enfatizó Martínez.
Además, el secretario de Asuntos Jurídicos subrayó que la Dirección de Contrataciones Públicas ya forma parte del Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas, y su responsabilidad es emitir opiniones técnicas sobre los procesos competitivos que esta última conduce. “La designación de Pimentel aniquila las funciones de control y fiscalización que debe cumplir la Dirección de Contrataciones Públicas, lo que representa un verdadero absurdo”, advirtió.
Finalmente, Martínez criticó al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por lo que considera un asalto al diseño institucional y los sistemas de control que regulan el manejo de los fondos públicos en la República Dominicana. Esta actitud, según él, refleja una falta de compromiso con los principios de transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos que pertenecen a todos los dominicanos.
