Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana. – La reciente decisión del Tribunal Constitucional de validar el acuerdo de delimitación marítima entre la República Dominicana y los Países Bajos ha generado un amplio debate en la sociedad dominicana. A pesar de la controversia, el canciller Roberto Álvarez ha enfatizado los beneficios del acuerdo, destacando que el país ha ganado 11 millas náuticas cuadradas de área marítima.
Este proceso de delimitación, que comenzó en 2018, se ha llevado a cabo con un enfoque cuidadoso por parte del Gobierno dominicano, culminando en la expansión de su territorio marítimo. La Comisión Nacional de Delimitación de Fronteras Marítimas, establecida por el decreto 237-18, ha sido fundamental en la negociación de este acuerdo.
Durante una rueda de prensa, el canciller Álvarez explicó que la firma del acuerdo, realizada el 5 de julio de 2021, establece un marco regulatorio claro para la delimitación marítima y los derechos de explotación de los recursos naturales. “Este avance no solo contribuye a la estabilidad regional, sino que también refuerza nuestra soberanía sobre los recursos del mar”, aseguró el ministro.
Álvarez subrayó que el acuerdo se logró aplicando el principio de equidistancia, lo que resultó en una negociación única en la frontera marítima sur del país. Este principio se fundamenta en la experiencia previa de negociaciones exitosas con Colombia y Venezuela, lo que fortaleció la posición de la República Dominicana en el proceso.
Beneficios del acuerdo: soberanía y derechos de exploración
Uno de los aspectos más destacados del acuerdo es su capacidad para garantizar que la República Dominicana preserve su condición de Estado archipelágico. El canciller mencionó que este acuerdo proporciona claridad sobre el suelo y subsuelo marino, así como sobre la zona económica exclusiva y los derechos de pesca. “Este avance también permitirá la exploración y explotación de estructuras geológicas y yacimientos minerales, asegurando el control del país sobre sus recursos naturales”, afirmó Álvarez.
El canciller destacó que todas las negociaciones se llevaron a cabo cumpliendo con la Constitución y las leyes dominicanas, así como con las normas del derecho internacional. “Logramos el mejor acuerdo posible en los términos más favorables para la República Dominicana, utilizando la equidad como guía en las negociaciones”, puntualizó.
Apoyo jurídico y aval internacional
Álvarez recordó que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana respaldó el acuerdo, dictaminando que la aplicación del principio de equidistancia es la solución más equitativa para la delimitación territorial marítima entre ambos estados. Este respaldo es crucial, ya que la Convención de las Naciones Unidas para los Derechos del Mar (CONVEMAR) no especifica cómo debe llevarse a cabo un proceso equitativo de delimitación.
El canciller explicó que, según la jurisprudencia, la delimitación debe seguir un proceso que incluye la construcción de una línea media equidistante, la verificación de circunstancias relevantes y la ausencia de desproporcionalidad. “En nuestra negociación con Países Bajos, no existe desproporción, lo que respalda la equidad del acuerdo”, afirmó.
Proceso de negociación y alianzas estratégicas
El proceso de delimitación marítima inició formalmente en 2019. A lo largo de este tiempo, el gobierno del presidente Luis Abinader ha trabajado para completar las negociaciones con Países Bajos y presentar el acuerdo ante el Tribunal Constitucional para su revisión. Álvarez destacó la importancia de las reuniones de negociación, que contaron con el respaldo técnico de diversas instituciones, incluyendo el Ministerio de Defensa y la Armada de la República Dominicana.
“El apoyo del Instituto Cartográfico Militar y el Instituto Geográfico Nacional ha sido esencial en la defensa de nuestros intereses marítimos y en la formulación de una posición estratégica que consolide nuestros derechos y soberanía”, concluyó el canciller.
Con este acuerdo, la República Dominicana no solo expande su territorio marítimo, sino que también fortalece su posición en el escenario internacional, asegurando el control sobre sus recursos naturales y reafirmando su compromiso con la estabilidad regional y el desarrollo sostenible.
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