imena Reyes y Manuel Ollé Sesé, integrantes de la misión de la Federación Internacional de los Derechos Humanos, FIDH, declaran ante los medios de comunicación, en la mañana de hoy.
SANTO DOMINGO, 7 de noviembre de 2024 – En una visita crítica para monitorear supuestos hechos de corrupción y contaminación, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) inspeccionó los casos de Punta Catalina y Tres Brazos en República Dominicana, revelando supuestas deficiencias en la respuesta estatal.
La misión dejó clara su preocupación ante la falta de diálogo con comunidades afectadas y respuesta a violaciones ambientales y de derechos humanos.
La visita de la FIDH subrayó el alarmante estado de contaminación y falta de responsabilidad en torno a la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), que se ha convertido en un foco de denuncias internacionales.
Desde principios de 2024, relatores de Naciones Unidas dirigieron cartas al gobierno dominicano instando a tomar medidas preventivas para proteger la salud y el ambiente. Se trata de medidas necesarias para mitigar emisiones tóxicas y desechos contaminantes que afectan tanto a la población cercana como al ecosistema de la región.
Sin embargo, los representantes de la FIDH encontraron que, casi un año después de esos llamados, no ha habido respuesta ni avances visibles.
La Empresa Generadora de Electricidad Punta Catalina (EGEPC) había manifestado en 2023 su intención de formar una mesa de diálogo, aunque pidió que esta información no se divulgara públicamente. Esta contradicción resulta desconcertante, ya que los habitantes de la provincia Peravia han reportado aumentos en enfermedades renales y pulmonares, presumiblemente relacionadas con la exposición a contaminantes.
Durante la visita de la FIDH, se celebraron encuentros con líderes comunitarios, pescadores, agroproductores y otros miembros de la comunidad, quienes han sentido el impacto ambiental en sus actividades cotidianas y salud.
La organización internacional insiste en que el Estado y la EGEPC deben iniciar un diálogo transparente y adoptar un enfoque de responsabilidad social, mitigando y reparando los daños que continúan afectando a las familias y al entorno natural.
Además, el contexto de impunidad en torno a la construcción de Punta Catalina, vinculado al escándalo de corrupción de Odebrecht, sigue alimentando el escepticismo sobre una posible resolución justa. Odebrecht, una de las constructoras del proyecto, admitió haber entregado millones de dólares en sobornos.
Sin embargo, a pesar de las evidencias, los involucrados han sido absueltos, lo que proyecta una imagen de falta de transparencia y ausencia de voluntad política para castigar los actos de corrupción en un proyecto que costó millonarios fondos públicos.
En el caso de Tres Brazos, la FIDH revisó uno de los escándalos de corrupción inmobiliaria más sonados del país, en el que miles de familias fueron afectadas por la venta ilegal de terrenos.
En 2010, la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) vendió terrenos habitados a la empresa Inversiones Fernández Parache & Asociados (INFEPA) a precios irrisorios. Esta operación colocó a los residentes en una posición de vulnerabilidad, obligándolos a pagar altos precios para poder vivir en sus propias tierras, en muchos casos ya titularizadas.
La FIDH felicitó a los residentes de Tres Brazos por su perseverancia, que en el mes pasado llevó a la anulación de estos contratos. Además, la organización reconoció la labor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su defensa.
Sin embargo, el triunfo es parcial, ya que los residentes aún esperan que el Estado agilice el proceso de titulación de tierras para devolver la propiedad legal a quienes han habitado estos terrenos por generaciones.
Otro revés ocurrió cuando el Cuarto Tribunal Colegiado, en una controvertida decisión, declaró extinta la acción penal contra algunos responsables, desobedeciendo la orden de la Corte de Apelación para juzgarlos. La FIDH considera este acto como una evidente señal de impunidad que podría minar los esfuerzos de justicia.
En medio de esta misión, la FIDH también criticó las deportaciones masivas de inmigrantes haitianos, calificándolas de arbitrarias y deshumanizantes.
Según la organización, estos operativos se ejecutan al margen de los protocolos firmados en 1999 con Haití y han sido acompañados de extorsiones y racismo creciente hacia haitianos y dominicanos de origen haitiano.
La FIDH exhorta al Estado a respetar los derechos humanos y las normas internacionales, especialmente en el contexto de tensiones regionales.
Asi, la misión de la FIDH expone una supuesta crisis de derechos humanos en la República Dominicana y desafía a las autoridades a rectificar la corrupción, negligencia y discriminación que agravan los problemas sociales y ambientales en el país.
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