Miami.-En un golpe devastador para miles de familias inmigrantes, unos 500,000 cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses enfrentan la incertidumbre tras la decisión de un juez de Distrito de Estados Unidos de anular un programa clave de la administración de Joe Biden.
El magistrado J. Campbell Barker, designado por Donald Trump durante su primer mandato, invalidó el programa ‘Parole in place’, el cual buscaba proporcionar un camino simplificado hacia la ciudadanía para inmigrantes casados con nacionales.
La anulación del programa ha generado un clima de desesperación y tensión entre las comunidades afectadas, especialmente en estados con grandes poblaciones de inmigrantes, como California, Texas, Florida y Nueva York.
El fallo, emitido por Barker, no solo deja en vilo a miles de familias, sino que también representa un revés significativo para el gobierno saliente de Biden, que lanzó esta iniciativa en junio con la esperanza de otorgar estatus legal a ciertos cónyuges inmigrantes.
El programa, considerado un alivio humanitario, ha sido bloqueado bajo el argumento de que otorga beneficios migratorios sin la autorización del Congreso.
Esta decisión es vista como un intento de frenar las políticas más progresistas de la administración Biden antes de que el presidente electo Trump asuma el cargo nuevamente en enero.
El 13 de septiembre, un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito ordenó la suspensión administrativa de este programa en respuesta a una demanda presentada por una coalición de estados liderada por Texas.
Estos estados, todos bajo gobernanza republicana, alegaron que la política violaba las leyes al conceder beneficios migratorios sin un proceso formal de admisión al país.
Ken Paxton, el fiscal general de Texas, fue uno de los principales impulsores de esta demanda, argumentando que la política de ‘Parole in place’ socava los esfuerzos por controlar la inmigración irregular y la seguridad fronteriza.
Afecta a 50,000 hijastros
La decisión afectaría no solo a los cónyuges, sino también a unos 50,000 hijastros que ahora ven truncada la posibilidad de regularizar su situación.
Esto deja a familias enteras en riesgo de ser separadas, ya que sin una protección legal, los cónyuges indocumentados pueden enfrentar deportaciones inminentes.
Con la reciente victoria de Trump en las elecciones del 5 de noviembre, su administración entrante ha prometido en sus primeros 100 días cambios drásticos en políticas de inmigración, energía y relaciones exteriores.
Fuentes cercanas al equipo de transición de Trump han revelado que se están preparando nuevas órdenes ejecutivas que incluirán restricciones adicionales para las solicitudes de asilo y mayor rigor en las deportaciones.
Esto podría suponer un endurecimiento aún mayor de las políticas migratorias que caracterizaron su primer mandato.
Se espera que Stephen Miller, conocido por ser el arquitecto de las políticas migratorias más restrictivas durante el primer mandato de Trump, vuelva a desempeñar un papel clave en la Casa Blanca.
Bajo esta nueva administración, se anticipan redadas masivas en comunidades inmigrantes y la reactivación de políticas como la separación de familias en la frontera.
Retórica antiinmigrante
La anulación del programa ‘Parole in place’ también se produce en un contexto de aumento de la retórica antiinmigrante, con promesas de ampliar el muro fronterizo y recortar programas de protección humanitaria.
Mientras tanto, los defensores de los derechos de los inmigrantes están organizando protestas y buscando opciones legales para contrarrestar esta ofensiva, advirtiendo sobre un posible colapso humanitario si se implementan las medidas propuestas.
Esta decisión judicial no solo agrava la crisis migratoria, sino que también expone la creciente polarización en la política estadounidense respecto a la inmigración.
Con la incertidumbre sobre lo que traerá la próxima administración, miles de familias enfrentan un futuro desgarrador e incierto, esperando que sus casos no se conviertan en víctimas de las batallas políticas en curso.
La American Civil Liberties Union (ACLU) y otras organizaciones proinmigrantes han anunciado que apelarán la decisión ante la Corte Suprema, en un esfuerzo por preservar los derechos de estas familias.
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