La cultura de oponerse a todo

La posición es no consensuar con el enemigo político; ya es una tradición.

A lo largo de mis siete décadas de existencia he observado la postura en nuestra gente de oponerse a todas las iniciativas que emanen del Estado dominicano. Es una antigua conducta de no coincidir con el modo de gobernar del partido que esté administrando la cosa pública.

La posición es no consensuar con el enemigo político; ya es una tradición. Independientemente del derecho a disentir, no está bien oponerse a la implementación de obras que benefician al pueblo, sin importar quién esté gobernando.

Se trata de desmeritar al enemigo gobernante, torpedeándole los programas sociales, y así buscar el repudio de la población. Cada paso lo encaminan con estrategias muy premeditadas. Para eso cuentan con un ejército de “bocinas humanas” y grupos disociadores que responden a sus intereses políticos, como los gremios de profesionales, sindicatos, entidades de derechos humanos y las denominadas organizaciones de luchas populares.

La idea es crear las condicionantes para sembrar discordia e intranquilidad en un segmento de la población que cree todo lo que se dice en esos medios, en especial en las redes sociales que han sido invadidas por analfabetas funcionales, que hacen mucho daño.

El Poder Ejecutivo promovió la reforma fiscal e incluso convocó a todos los sectores para analizar los elementos contenidos en el proyecto. Nadie se acercó al gobierno para exponer sus posiciones, pese al llamado hecho por el presidente Luis Abinader.

Como era de esperarse, el proyecto fue atacado sin misericordia en todos los frentes políticos opositores y otros estamentos de la sociedad, lo que llevó a retirarlo del escenario legislativo. Fue un paso muy inteligente y reflexivo de parte del gobierno porque demostró que escucha el clamor del pueblo.

Naturalmente, se encontrará la forma de aumentar las recaudaciones, combatir las evasiones, para poder cumplir con el desarrollo de los programas económicos y sociales agendados.

El punto es que en nosotros no existe la cultura de pagar impuestos. Estamos acostumbrados a que nos faciliten todo y vivimos del fraude, la estafa, las evasiones; nos convertimos en fieras cuando se afecta a los bolsillos. Nadie está dispuesto a sacrificarse, pero pasamos los años exigiendo calles y carreteras en buenas condiciones, mejoras en los servicios de electricidad, agua potable, salud, educación, alimentación, seguridad ciudadana, protección y otros.

¿Por qué actuamos de esa manera? Varias infraestructuras que eran necesarias para el país fueron objetadas en los regímenes de Joaquín Balaguer, Antonio Guzmán, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina y ahora Luis Abinader.

Decían lo mismo (alegando que era una forma de derrochar dinero del fisco) cuando se anunció la ampliación de la avenida 27 de febrero hasta la Isabel Aguiar, la construcción de los elevados sobre esa vía y en la avenida John F. Kennedy, la edificación de los túneles, paso peatonal, las líneas del Metro de Santo Domingo y recientemente con los teleféricos.

Igual sucedió con la construcción del Parque del Este, en el municipio Santo Domingo Este, a propósito de la celebración de los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003. Ese complejo, que se considera un pulmón de la ciudad, hoy es frecuentado por atletas, ciudadanos haciendo ejercicios, el compartir entre familiares y alberga a varias federaciones deportivas.

A lo largo de los años y debido a la visión futurista de los jefes de Estado, con esas estructuras el país se ha transformado, ha experimentado un notable crecimiento y desarrollo.

Creo que es un asunto de estrechez mental e irracional de una parte de la población que no sabe ver más allá de la pared que tiene al frente.

Los que se oponen a todo, son los primeros en beneficiarse de esas infraestructuras. Pese a esos aguerridos cuestionamientos, cada uno de los estadistas ha dejado un legado valioso que ha permitido la evolución de la nación. Es que todos dejan huellas para ser recordados como un gobernante constructor.

Por suerte, respetando los principios del sistema democrático que consagran la libre expresión del pensamiento y las libertades públicas, los gobernantes sabios, que conocen bien la idiosincrasia del pueblo y toleran las críticas, finalmente, terminan imponiendo las obras agendadas. Así debe ser.