Autoridades detienen operaciones Worldcoin por cláusulas abusivas y opacas
Santo Domingo.-En un golpe contundente contra la opacidad en la recolección de datos biométricos, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) ordenó el cese inmediato de operaciones de la Worldcoin Foundation en la República Dominicana.
La entidad de gobierno acusó a la empresa de imponer cláusulas abusivas en los contratos de adhesión que firmaron miles de ciudadanos al intercambiar sus datos biométricos por criptomonedas.
El director ejecutivo de Pro Consumidor, doctor Eddy Alcántara, explicó que, tras un minucioso análisis jurídico, se detectó que los contratos de Worldcoin no se ajustan a las leyes dominicanas, específicamente a la Ley 358-05 y a las Resoluciones 01-2009 y 008-2002 que regulan los contratos de adhesión, así como a la Ley 172-13 sobre protección de datos personales.
La decisión, formalizada mediante el acto número 1840-24, fue notificada a través del alguacil Wilton David Grullón del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional.
Pro Consumidor afirmó que la suspensión de Worldcoin se mantendrá hasta completar las investigaciones que permitan verificar la integridad de sus operaciones comerciales en el país.
Sin domicilio y con prácticas sospechosas
Eddy Alcántara indica que esa falta de transparencia vulnera los derechos fundamentales de los usuarios y rompe con el principio de una relación clara y accesible entre proveedores y consumidores.
A pesar de no contar con oficinas físicas en el país, diversos medios informan que más de 7,400 usuarios ya han autorizado la captura de sus datos biométricos a través de un dispositivo esférico que escanea el iris.
Los datos se transforman en criptomonedas, equivalentes a un monto inicial de RD$6,000, que pueden ser canjeados por pesos dominicanos.
Pro Consumidor subrayó que es responsabilidad del Estado dominicano proteger los derechos de los consumidores frente a prácticas comerciales engañosas y no reguladas, asegurando la transparencia y legalidad en el mercado.
Esta medida podría abrir un precedente histórico en la defensa de los derechos digitales y la privacidad en la República Dominicana.
