Los nombres de las afectados con las decisiones judiciales fueron omitidos para proteger la identidad de las víctimas.
SANTO DOMINGO.- El Cuarto Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste, condenó a 20 años de prisión a un hombre hallado culpable de violar y embarazar a la hija de su compañera sentimental, mientras que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional le impuso tres meses de prisión preventiva a una mujer imputada de explotar sexualmente a dos hijas de 9 y 10 años de edad.
Los jueces del tribunal en el caso judicial de Santo Domingo Oeste, compuesto por Julio de los Santos Morlan, Sandra Josefina Cruz Rosario y Clara Yoselin Rivera Franco, hallaron culpable al condenado, cuyo nombre se omite para prescindir de mencionar el nombre de la víctima menor de edad y evitar revictimizarla.
Menor en estado de embarazo y dio a luz a un niño
Durante el juicio, las fiscales litigantes Vilma Méndez y Sugely Valdez, señalaron que producto de la violación sexual cometida por el ahora procesado en perjuicio de la adolescente de 16 años de edad, la misma quedó en estado de embarazo y dio a luz a un niño.
La acusación señala que la denuncia de este suceso antijurídico fue realizada en septiembre del año 2023 por una tía de la víctima, a quien la adolescente le confesó que la pareja sentimental de su madre la estaba violando desde el año 2022.
El procesado deberá cumplir la sentencia condenatoria en el Centro de Privación de Libertad (CPL) La Victoria, en Santo Domingo Norte, por violación a los artículos 331, 331-2 332-1 del Código Penal Dominicano y de a los artículos 12 y 396, literales A, B, C de la Ley 136-03, Código para la Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Mujer por explotaba sexual a dos hijas de 9 y 10 años de edad
Por otro lado, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional le impuso tres meses de prisión preventiva a una mujer imputada de explotar sexualmente a dos hijas de 9 y 10 años de edad, acogiendo el pedimento del Ministerio Público
La jueza Fátima Veloz dictó la medida de coerción contra la mujer por su vinculación con la actividad ilícita, ordenando el cumplimiento de la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de La Vega. El nombre de la encartada fue omitido para proteger la identidad de las víctimas.
Explotación sexual infantil con difusión de vídeos por medios electrónicos
Durante la investigación penal del caso se ha establecido que dicha imputada se dedicaba a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, explotación sexual comercial y posesión, producción y distribución de material de abuso sexual infantil (pornografía infantil) en el territorio de la República Dominicana, afectando de manera deliberada a sus hijas y a una vecina adolescente.
Igualmente, se determinó que la encartada se dedicaba a compartir y difundir vídeos por medios electrónicos con contenido de material explícito de abuso sexual infantil, por los cuales recibía pagos.
Autoridades dominicanas colaboran con el FBI y justicia estadounidense
La Procuraduría Especializada contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (PETT), liderada por su titular, la fiscal Yoanna Bejarán Álvarez, avanza en una investigación clave en colaboración con organismos internacionales. Este esfuerzo se desarrolla bajo el principio de reciprocidad en cooperación internacional y la Convención de Palermo, con el apoyo del Buró Federal de Investigación (FBI) en República Dominicana y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
La investigación, iniciada en marzo de este año, también cuenta con la participación de la División Especial de Investigación del Crimen Organizado Internacional (DEICROI) y el fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes, Pedro Veloz, quienes coordinan esfuerzos operacionales y judiciales para garantizar avances en el caso.
Calificaciones legales sustentadas en leyes contra trata y delitos tecnológicos
Las acusaciones abarcan múltiples violaciones al marco normativo dominicano vigentecomo elos referidos a varios artículos del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), específicamente los artículos 396, 397, 408, 409, 410 y 411.
Además, incluye acusaciones basadas en los artículos 2 y 7 de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, y en los artículos 23 y 24 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
