Organización reclama respeto a los derechos adquiridos y advierte posible acción de amparo
San Pedro de Macorís, República Dominicana – Hogar CREA Internacional, Inc., junto a otras ONGs del ámbito de atención, internamiento y prevención de consumo de sustancias psicoactivas, ha manifestado su preocupación ante la supuesta vulneración de derechos por parte del Ministerio Público, específicamente en lo relacionado con la distribución de bienes decomisados por infracciones vinculadas a drogas.
La institución sostiene que la aplicación de la Ley 60-23 podría estar incurriendo en retroactividad, afectando directamente a entidades beneficiadas bajo normativas anteriores.
En un comunicado, Hogar CREA señaló que la Procuraduría General de la República (PGR), bajo el liderazgo de la magistrada Miriam Germán Brito, ha promovido la transferencia de bienes incautados al recién creado Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Decomisados (INCABIDE), conforme lo estipula la Ley 60-23.
Sin embargo, advierten que esta disposición afecta bienes previamente adjudicados bajo la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, lo que podría contravenir el principio de irretroactividad de la ley consagrado en el artículo 110 de la Constitución.
Contexto legal y antecedentes
Hogar CREA argumenta que las normas derogadas, como la Ley 155-17 y su predecesora, la Ley 72-02, establecían claramente la distribución de bienes decomisados, incluyendo un porcentaje destinado a las ONGs que trabajan en prevención y rehabilitación.
En específico, el artículo 33 de la Ley 72-02 garantizaba el 15% de los bienes decomisados a estas organizaciones, porcentaje que se mantuvo tras modificaciones posteriores. Ahora, con la implementación de la Ley 60-23, ese beneficio parece haber quedado en el limbo.
Adicionalmente, la Ley 50-88 sobre Drogas, vigente desde 1988, destinaba los fondos recaudados por multas a la financiación de programas de prevención y rehabilitación. Según Hogar CREA, esta disposición quedó obsoleta tras múltiples modificaciones legales que no definieron con claridad el destino de esos recursos, dejando a las ONGs en una posición de desventaja.
Impacto de la Ley 60-23
La nueva normativa, promulgada en 2023, centraliza la administración de bienes decomisados en el INCABIDE, organismo responsable de su manejo y disposición final. Hogar CREA considera que esta disposición desconoce los derechos adquiridos por las ONGs, al modificar el destino de bienes previamente adjudicados bajo sentencias firmes.
La organización se pregunta si la magistrada Germán Brito, reconocida por su rigor jurídico, ha considerado la posible violación del principio de cosa juzgada en relación con procesos concluidos antes de la entrada en vigor de la nueva ley. “Hay un perjuicio directo a las partes interesadas al aplicar acción retroactiva con la nueva norma”, afirman.
Acción de amparo como última opción
Hogar CREA destacó que, en reiteradas ocasiones, el presidente Luis Abinader ha mostrado apertura al diálogo con las ONGs. Sin embargo, advierten que, de persistir la supuesta vulneración de derechos, podrían recurrir a un recurso de amparo para salvaguardar los intereses de las organizaciones afectadas.
El recurso de amparo, establecido en el artículo 72 de la Constitución dominicana, busca proteger derechos fundamentales frente a acciones u omisiones de autoridades públicas. Según Hogar CREA, este mecanismo sería utilizado solo como última medida, en caso de que no se reconsidere la distribución de bienes bajo las disposiciones previas.
Llamado al diálogo
La organización hace un llamado a las autoridades para que se revisen las implicaciones legales de la Ley 60-23 en cuanto a la distribución de bienes. “Esperamos que no sea necesario accionar legalmente por testarudez y actitudes prepotentes de los incumbentes directos”, concluyeron.
Hogar CREA reitera su compromiso de trabajar por la rehabilitación y prevención del consumo de drogas, mientras aboga por un trato justo que respete los derechos adquiridos de las ONGs en este ámbito.
